POR FABIOLA SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia AP
La reforma del Poder Judicial que impulsa el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha encendido la alarma, tras la decisión del Senado de extender por dos años el mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha incentivado el temor en diferentes sectores sobre una posible pérdida de la independencia de la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones humanitarias, opositores y hasta integrantes del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuestionaron la decisión tomada la semana pasada por senadores de esa fuerza, en alianza con otros partidos, de incluir en la nueva ley del Poder Judicial -que contempla sanciones más duras por corrupción para los funcionarios judiciales y extiende los castigos a los detenidos- un artículo transitorio para ampliar hasta 2024 el período del presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, y el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal hasta 2026.
Aunque la nueva regulación espera la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, las críticas no se han hecho esperar. La CIDH, organizaciones humanitarias y juristas sostienen que el artículo transitorio constituye una violación a la constitución que establece expresamente que el presidente de la Suprema Corte sólo puede estar en el cargo por cuatro años sin opción a reelección. Asimismo, han advertido que la decisión del Senado constituye una interferencia que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Al desestimar los cuestionamientos López Obrador descartó el martes que la decisión del Senado sea inconstitucional y dijo, durante su conferencia matinal, que si Zaldívar no continúa en su cargo «van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial».
Agregó que «no hay otro porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados».
De igual forma el mandatario rechazó los señalamientos de algunos de sus críticos que sostienen que podría utilizar estas acciones para promover una reforma legal y lograr su reelección. «Yo no soy como ellos», dijo López Obrador al asegurar que cuando termine su período en septiembre de 2024 se retirará por completo de la actividad política para vivir de su jubilación.
El gobernante defendió a Zaldívar, quien asumió la dirección de la Corte en 2019, asegurando que es un «hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial». Como parte de su proyecto político López Obrador ha promovido reformas en los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
Entre los que han cuestionado la decisión del Senado mexicano está Human Rights Watch (HRW) que a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, afirmó que con la extensión del mandato de Zaldívar, quien también dirige el Consejo de la Judicatura, López Obrador «se asegura una mayoría de 4 de los 7 miembros» en esa instancia que puede tomar «decisiones trascendentales tales como aprobar el retiro forzoso de jueces».
Vivanco dijo a The Associated Press que de avanzar la iniciativa legislativa el mandatario mexicano lograría una mayoría absoluta en el Consejo de la Judicatura con la cual podría «destituir, hacer, y deshacer en el Poder Judicial».
El director de HRW recordó la polémica que surgió en marzo luego de que el mandatario mexicano pidió al Consejo de la Judicatura que investigara a un juez que paralizó una reforma del sector eléctrico aprobada por la mayoría oficialista del Congreso.
Por su parte, Marisol Méndez, coordinadora de asuntos de Estado de Derecho de la ONG mexicana Fundación para la Justicia, expresó a la AP que es «sumamente preocupante» la decisión sin precedentes que tomó el Senado porque constituye «una señal de intromisión por parte del Poder Legislativo con algo que es competencia del Poder Judicial que es la definición de quien ocupa la presidencia».
Méndez afirmó que la ruptura de la división de poderes es riesgosa porque el Poder Judicial sirve muchas veces con un contralor del Ejecutivo y el Legislativo y es la instancia donde suelen resolverse los conflictos de tipo político.
