Por MANUEL RUEDA
BOGOTÁ
Agencia AP
La violencia en contra de exguerrilleros y líderes comunitarios colombianos se ha incrementado en zonas rurales y pone en riesgo los intentos de investigar los delitos ocurridos durante las seis décadas de conflicto civil, en el cual murieron alrededor de 260.000 personas y millones se vieron obligados a abandonar sus hogares, aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia.
El tribunal especial fue creado en 2016 tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El lunes, el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes, señaló que al menos 276 excombatientes han sido asesinados desde que depusieron las armas en diciembre de 2016, así como 900 líderes comunitarios. La corte señaló que 252 de esos exguerrilleros habían sido citados a colaborar con las investigaciones.
«Su misionalidad está en riesgo si no paran los asesinatos y amenazas», dijo Cifuentes en un comunicado de siete páginas. «Cuando los violentos silencian a los defensores de derechos humanos y exintegrantes de las FARC-EP, no sólo los lastiman a ellos y a sus familias. Privan, también, a la sociedad de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación».
El tribunal solicitó al procurador de los derechos humanos de Colombia la elaboración de un reporte sobre las causas de los crímenes de la posguerra y recomendaciones al gobierno para frenar el derramamiento de sangre.
Decenas de exoficiales del ejército, líderes de la guerrilla y civiles han comparecido ante el tribunal para hablar de su participación en los crímenes de guerra, que incluyen secuestros a cambio de recompensa, reclutamiento forzado de niños y algunos casos en que soldados en busca de un ascenso asesinaron a civiles y posteriormente vistieron sus cuerpos con uniformes de grupos rebeldes.
La corte les ofrece a los perpetradores de este tipo de delitos sentencias reducidas si ayudan con las investigaciones y están dispuestos a proveer reparaciones a las víctimas.
Pero mientras Colombia lucha por controlar la violencia de la posguerra, el tribunal teme que algunos testigos tengan miedo de dar la cara.
«No fluirá el diálogo y disminuirán las posibilidades de un desenlace restaurador», dijo Cifuentes.
La violencia en contra de líderes comunitarios y exguerrilleros ha ido en aumento en algunas áreas rurales de Colombia a medida que una nueva generación de grupos armados se disputan los recursos — como minas de oro y rutas para el trasiego de drogas — que fueron abandonados por las FARC tras el acuerdo de paz de 2016.
El gobierno colombiano creó recientemente un grupo especial de 7.000 soldados dedicados al combate a los grupos del narcotráfico que estén conectado con las redes delictivas internacionales.
