MADRID
Agencia DPA/Europa Press
La Organización Mundial de la Salud ha pedido, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, acelerar el acceso equitativo a las vacunas y los tratamientos contra el COVID-19, así como mejorar los sistemas de atención primaria.
En este sentido, ha avisado de que se estima que la pandemia llevó a entre 119 y 124 millones de personas más a la pobreza extrema el año pasado y, además, «hay pruebas convincentes» de que han aumentado las brechas de género en el empleo, y las mujeres han abandonado los trabajos en mayor número que los hombres durante los últimos 12 meses.
Por ello, y a medida que los países continúan luchando contra la pandemia, el organismo de Naciones Unidas ha destacado la oportunidad «única» que existe en la actualidad de reconstruir un mundo «más justo y saludable» mediante la implementación de los compromisos, resoluciones y acuerdos existentes y, al mismo tiempo, contraer compromisos «nuevos y audaces».
«La pandemia de COVID-19 ha prosperado en medio de las desigualdades en nuestras sociedades y las brechas en nuestros sistemas de salud. Es vital que todos los gobiernos inviertan en el fortalecimiento de sus servicios de salud y eliminen las barreras que impiden que tantas personas los utilicen, para que más personas tengan la oportunidad de llevar una vida saludable», ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ante este escenario, ha pedido que las vacunas contra el Covid-19 estén disponibles para todos los que las necesiten, destacando el apoyo adicional al mecanismo COVAX, el pilar de la vacuna en ACT-Accelerator, que espera haber llegado a 100 países y economías en los próximos días.
Además, la OMS ha recordado que los productos básicos como el oxígeno médico y el equipo de protección personal (EPP), así como las pruebas de diagnóstico fiables y los medicamentos también son vitales, al igual que los mecanismos para distribuir equitativamente todos estos productos dentro de las fronteras nacionales.
Por otra parte, la OMS ha avisado de que, al menos, la mitad de la población mundial todavía carece de acceso a los servicios de salud esenciales, más de 800 millones de personas gastan al menos el 10 por ciento de sus ingresos familiares en atención médica, y los gastos de bolsillo llevan a casi 100 millones de personas a la pobreza cada año.
«A medida que los países avancen después de COVID-19, será vital evitar recortes en el gasto público en salud y otros sectores sociales. Es probable que tales recortes aumenten las dificultades entre los grupos que ya están en desventaja, debiliten el desempeño del sistema de salud, aumenten los riesgos para la salud, aumenten la presión fiscal en el futuro y socaven los logros del desarrollo», ha dicho el organismo.
En cambio, apostilla, los gobiernos deben cumplir el objetivo recomendado por la OMS de gastar un uno por ciento adicional del PIB en Atención Primaria de salud (APS). «La evidencia revela que los sistemas de salud orientados a la APS han producido constantemente mejores resultados de salud, mayor equidad y mayor eficiencia. La ampliación de las intervenciones de APS en los países de ingresos bajos y medianos podría salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida promedio en 3,7 años para 2030», ha asegurado la OMS.
Asimismo, ha recordado que los gobiernos también deben reducir el déficit global de 18 millones de trabajadores de la salud necesarios para lograr la cobertura universal de salud (CSU) para 2030. Esto incluye la creación de al menos 10 millones de empleos adicionales a tiempo completo en todo el mundo y el fortalecimiento de los esfuerzos de igualdad de género.
«Las mujeres brindan la mayor parte de la atención sanitaria y social del mundo, lo que representa hasta el 70 por ciento de todos los trabajadores de la salud y la atención, pero se les niega la igualdad de oportunidades para dirigirla. Las soluciones clave incluyen la igualdad de remuneración para reducir la brecha salarial de género y el reconocimiento del trabajo de salud no remunerado de las mujeres», ha lamentado la OMS.
PRIORIZAR LA SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
Dicho esto, el organismo ha destacado que en muchos países, los impactos socioeconómicos del COVID-19, a través de la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, las interrupciones en la educación y las amenazas a la nutrición, han superado el impacto del virus en la salud pública.
Además, algunos países ya han implementado esquemas de protección social ampliados para mitigar estos impactos negativos de las dificultades sociales más amplias y han iniciado un diálogo sobre cómo continuar brindando apoyo a las comunidades y personas en el futuro.
Sin embargo, la OMS ha lamentado que muchos enfrentan desafíos para encontrar los recursos para acciones concretas. «Será vital garantizar que estas valiosas inversiones tengan el mayor impacto en los más necesitados y que las comunidades desfavorecidas participen en la planificación y ejecución de programas», ha aseverado.
Del mismo modo, el organismo ha abogado por garantizar el acceso a una vivienda saludable, en barrios seguros, con servicios educativos y recreativos adecuados, recordando que el 80 por ciento de la población mundial que vive en la pobreza extrema se encuentra en zonas rurales.
En concreto, actualmente 8 de cada 10 personas que carecen de servicios básicos de agua potable viven en áreas rurales, al igual que 7 de cada 10 personas que carecen de servicios básicos de saneamiento. «Será importante intensificar los esfuerzos para llegar a las comunidades rurales con servicios de salud y otros servicios sociales básicos (incluidos agua y saneamiento). Estas comunidades también necesitan con urgencia una mayor inversión económica en medios de vida sostenibles y un mejor acceso a las tecnologías digitales», ha detallado el organismo.
Finalmente, la OMS ha subrayado la necesidad de fortalecer los sistemas de datos y la información sanitaria. «El monitoreo de las desigualdades en salud debe ser una parte integral de todos los sistemas nacionales de información en salud», ha dicho, para informar de que «solo el 51 por ciento de los países han incluido el desglose de datos en sus informes nacionales de estadísticas de salud publicados».
