Por CARLOS VALDEZ
LA PAZ, Bolivia
Agencia AP
Los comentarios del secretario general de la OEA sobre la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez han atizado la confrontación entre el Gobierno de Luis Arce y la oposición en Bolivia.
Luis Almagro propuso conformar una «comisión internacional» para investigar los casos de corrupción, liberar a los detenidos y que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias sobre «eventuales crímenes de lesa humanidad».
La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en un comunicado sostuvo que descalificar a la justicia boliviana «es un exceso inadmisible» y que «Almagro no tiene autoridad moral, debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y su posición denota injerencia e intromisión».
Más tarde, en un nuevo comunicado, la cancillería boliviana llamó a todos los estados miembros a «defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención» y asegura que Bolivia «defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas».
La propuesta de Almagro fue bien recibida por la oposición, que en los últimos días ha realizado protestas contra la detención de Áñez, dos exministros y exjefes militares. «Nos hacemos eco de un llamado a conformar una comisión internacional ante la inexistencia de una justicia imparcial», dijeron la víspera en un manifiesto los comités cívicos, que además amenazaron con un paro nacional si siguen las detenciones.
En paralelo, la Asamblea Legislativa, de mayoría del partido de Arce, aprobó una resolución en contra de la supuesta injerencia de Almagro en asuntos internos de Bolivia mientras que la oposición la rechazó en medio de protestas callejeras de diferentes sectores con diferentes pedidos pero unidos por el rechazo a la detención de la expresidenta.
Por la noche trascendió que Áñez tuvo un incremento de la presión arterial, por lo que su familia pidió que sea trasladada a un centro de salud. Sin embargo, el director de Régimen Penitenciario, Carlos Limpias, dijo a los medios locales que la salud de la exmandataria estaba «estable» y no fue necesario llevarla a una clínica. «Ha recibido atención médica y está siendo controlada», aseguró.
La misión de observadores de la OEA que denunció un presunto fraude electoral en las elecciones de 2019 desencadenó un estallido social que dejó 36 muertos y forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien buscaba su cuarto mandato consecutivo a pesar de esa posibilidad había sido rechazada en un referendo nacional. Morales acusó entonces a Almagro de confabular en su contra.
Los violentos choques entre seguidores y opositores de Morales dejaron varias víctimas en casi un mes de protestas callejeras, pero también la represión de las fuerzas del orden cuando Áñez asumió el poder, que causaron la muerte de 19 partidarios del exmandatario. Por esos crímenes la Fiscalía ha acusado a Áñez y a los otros detenidos de sedición y terrorismo.
La oposición acusa a Morales y a su núcleo duro de impulsar un «revanchismo». Tras las detenciones Arce ha guardado silencio, pero su partido -el Movimiento al Socialismo (MAS)- y sindicatos indígenas que lo respaldan anunciaron movilizaciones para reclamar justicia.
La crisis complica la situación de Arce, que a cuatro meses de asumir el gobierno enfrenta cuestionamientos por el lento avance de la vacunación contra el COVID-19 mientras sectores productivos y laborales reclaman medidas efectivas para reactivar la economía.
A ese panorama se suma el revés que sufrió el MAS en las recientes elecciones de gobernadores y alcaldes de las que la oposición salió fortalecida.
