Por DAVID PITT
DES MOINES, Iowa, EE. UU.
Agencia AP
Una organización que representa a la población hispana de Iowa entabló una demanda para impugnar las nuevas restricciones al voto en el estado, un día después de que la gobernadora Kim Reynolds promulgó la medida.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés), representada por el abogado de derechos electorales asentado en Washington Marc Elias, interpuso la demanda en un tribunal estatal de Des Moines.
La medida, que fue aprobada únicamente con los votos de los republicanos en la legislatura de Iowa, incluye varios cambios a las leyes electorales del estado, los cuales —de acuerdo con los demócratas y grupos activistas— dificultarán que las minorías étnicas del estado, los ancianos y los discapacitados emitan su voto. Entre las modificaciones, la ley reduce el tiempo que los votantes tienen para enviar sus votos por correo, también disminuye los días en los que pueden solicitar una papeleta y acorta los horarios de los centros de votación el día de las elecciones.
La querella alega que la nueva ley crea una carga excesiva sobre el derecho fundamental al voto, y señala varias violaciones a los derechos constitucionales de los votantes.
Los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado aprobaron rápidamente los cambios pese a la oposición de todos los legisladores demócratas. Los legisladores republicanos señalaron que las normas son necesarias para evitar el fraude electoral, aunque señalaron que Iowa no tiene antecedentes de irregularidades electorales y que en los comicios celebrados en noviembre del año pasado se registró una participación récord sin ningún indicio de problemas en el estado.
Por su parte, Reynolds señaló que la integridad de las elecciones debe ser protegida, y afirmó que la ley brinda a las autoridades electorales unos parámetros coherentes para el día de las elecciones, la votación por correo y el mantenimiento de las bases de datos.
Los portavoces de Reynolds no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.
Pat Grassley, presidente de la Cámara de Representantes de Iowa, y Jack Whitver, líder de la mayoría en el Senado, dijeron en unos comunicados que confían en que la ley recién promulgada sobrevivirá a las impugnaciones judiciales.
La demanda afirma que ninguna de las cláusulas de la nueva ley hará que las elecciones sean más seguras o aumentará la confianza del público en el proceso electoral. Añade que, en lugar de eso, la ley impone cargas indebidas e injustificadas sobre las minorías étnicas del estado, los ancianos y los discapacitados y aquellos con enfermedades crónicas, así como sobre quienes tienen varios empleos y no tienen acceso a un transporte confiable o un servicio de correo constante. Afirma que la ley reducirá la participación entre esos grupos.
Por su parte, el portavoz de LULAC, Joe Henry, dijo que el grupo cree que algunas de las cláusulas de la ley están diseñadas para afectar a los jóvenes votantes hispanos, quienes prefieren votar de manera anticipada debido a las limitaciones de trabajo y transporte. Señaló que la ley es el resultado de que los republicanos se dieron cuenta que la comunidad hispana es una creciente población electoral en el estado que representa una posible amenaza a sus aspiraciones de ganar las elecciones.
Los legisladores de 43 estados están debatiendo unos 200 proyectos de ley que limitarían el acceso a las papeletas de votación, según el Centro Brennan para la Justicia, un grupo de política pública. Iowa fue uno de los primeros estados en promulgar nuevas leyes.
