COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — En un momento en que está a punto de distribuirse otra ronda de ayuda a los desempleados, los estados de Estados Unidos están siendo golpeados por una nueva ola de fraudes, ante lo cual procuran actualizar sus sistemas de seguridad y bloquear a estafadores que ya han desviado miles de millones de dólares de programas destinados a apoyar a las personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia.
Los fraudes están desplumando a los contribuyentes, provocando demoras en los pagos legítimos y convirtiendo a miles de estadounidenses en víctimas de robo de identidad. Muchos estados no han logrado proteger adecuadamente sus sistemas, y una revisión efectuada por The Associated Press halló que algunos ni siquiera reconocerán públicamente la dimensión del problema.
El fraude masivo se deriva de robos de identidad previos a bancos, agencias de calificación crediticia, sistemas de atención a la salud y tiendas al por menor. Los estafadores, en ocasiones en China, Nigeria o Rusia, adquieren información personal de identificación robada en el internet negro y la utilizan para inundar los sistemas estatales de apoyo a desempleados con solicitudes falsas.
El Departamento de Justicia investiga los fraudes por desempleo perpetrados por “organizaciones delictivas transnacionales, perpetradores nacionales sofisticados, e individuos en todo Estados Unidos”, dijo Joshua Stueve, portavoz de la división penal de la agencia.
La Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo calcula que desde marzo se han erogado más de 63.000 millones de dólares en pagos indebidos a través de fraudes y errores, aproximadamente el 10% del total pagado desde marzo como parte de los programas contra el desempleo relacionados con la pandemia del coronavirus.
“Nos estamos enterando que existe una epidemia de fraudes”, dijo el representante federal Kevin Brady, el republicano de mayor rango en la influyente Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El legislador indicó que el estimado de 63.000 millones de dólares “es mayor que todo el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional”.
“Estos son niveles de fraude aterradores”, declaró.
California ha sido el principal blanco, con unos 11.000 millones de dólares en pagos fraudulentos y cerca de 19.000 millones en cuentas sospechosas. Colorado ha pagado unos 6.5 millones a defraudadores, un monto similar al que ha destinado a los beneficiarios legítimos.
Otros estimados, de acuerdo a los reportes de la AP en otras entidades, van desde varios cientos de miles de dólares en estados con menos habitantes como Alaska y Wyoming a cientos de millones en entidades más pobladas como Massachusetts y Ohio.
El fraude nacional se ha alimentado de dos vulnerabilidades: un considerable incremento en las solicitudes de subsidios por desempleo desde que comenzó la pandemia que ha rebasado a las agencias estatales, y sistemas anticuados de prestaciones que son presa fácil de los criminales habilidosos y persistentes.
En Ohio, las solicitudes semanales de apoyo por desempleo de primera ocasión variaron de 17.000 a más de 40.000 durante la pandemia. Pero desde finales del mes pasado, dichas solicitudes rebasaron los 140.000 en algunas semanas, y se cree que muchas son fraudulentas. El estado ha pagado al menos 330 millones de dólares en solicitudes fraudulentas de apoyo por desempleo.
Intentar descubrir tantas peticiones falsas demora el pago de las legítimas de los habitantes que sí requieren asistencia. En Upper Arlington, un suburbio de Columbus, Cynthia Sbertoli recibía 228 dólares semanales una semana después de ser despedida en marzo pasado de su empleo en una organización sin fines de lucro que administraba programas de intercambio estudiantil.
En enero se suspendió su pago de esa prestación después de que ella le informó al estado que alguien había intentado usar su identidad en un fraude. Pensó que el problema había quedado resuelto, pero aún no ha recibido un nuevo cheque, que ella y su esposo utilizan para ayudar a pagar la terapia visual y auditiva de su hijo.
“No es una buena forma de cuidar de la gente”, dijo Sbertoli, de 49 años.
