Por ALMUDENA CALATRAVA
BUENOS AIRES
Agencia AP
Luego de un año de encierro y creciente deterioro, el argentino Bernardo González, de 85 años, se aferró como un niño a la mano de su hijo mientras caminaba vacilante al puesto donde recibiría una dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.
González es uno de los miles de ancianos vacunados el miércoles en la capital argentina como parte del plan nacional de inmunización que se desarrolla lentamente y que se vio sacudido por la revelación de un esquema discrecional de vacunación para funcionarios y allegados al poder.
«No es que me extrañó, es una confirmación de lo que pasa siempre con los privilegios de los políticos en Argentina, aunque en este caso se pasó una raya… esto produce muertes directas», dijo a The Associated Press Marcelo González, de 57 años, en el centro de exposiciones La Rural donde su padre fue vacunado.
Miles de capitalinos de 80 años o más comenzaron a ser inmunizados esta semana con las vacunas elaboradas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El lunes recibieron la primera dosis 4.656 ancianos que tenían turno en 29 centros públicos.
Días atrás, y con la ayuda de un familiar, Marcelo González intentó durante varias horas conseguir un turno para su padre en el sistema habilitado por la alcaldía. «Yo trataba con la página web y mi hijo con el teléfono» marcando a un número de línea, explicó.
Agregó que su padre ahora está algo más aliviado pero que el deterioro es evidente: un año atrás se movilizaba sin ayuda y luego de 11 meses de aislamiento debe apoyarse en alguien.
Otros argentinos mucho más jóvenes tuvieron más suerte que González y fueron inmunizados semanas atrás, sin burocracia, gracias a su cercanía con el gobierno nacional en detrimento de los sectores que el mismo Poder Ejecutivo había definido como prioritarios.
El escándalo del llamado «Vacunatorio VIP» saltó el viernes y provocó la salida del ministro de Salud. Ginés González García tuvo que renunciar luego de que se reveló que un periodista, legisladores y otros allegados al gobierno del presidente Alberto Fernández habían recibido de forma discrecional la vacuna rusa Sputnik V, que comenzó a aplicarse en diciembre y que hasta hace pocos días era exclusiva del plan nacional de vacunación.
La nómina de beneficiados se fue incrementando y el lunes el gobierno difundió una lista de 70 personas -entre las que se encuentran un expresidente y su familia, ministros, funcionarios de segunda línea, diplomáticos y dirigentes políticos- que fueron inmunizadas, la mayoría en el hospital estatal Posadas.
«No tiene porqué morirse un abuelo por culpa de un descarado que se va a vacunar de forma clandestina», se lamentó Marta Galmariz, de 78 años, mientras esperaba sentada junto a su marido, Víctor Levy, de 86, que él fuera vacunado.
Levy, con movilidad reducida y asistido permanentemente por su esposa, dijo sentir una mezcla de «rabia y pena» tras enterarse del escándalo. «Me parece muy desinteresado por los otros», señaló el hombre, que también logró obtener el turno por la perseverancia de un familiar.
No muy lejos Magdalena Rizzo, de 84 años, se quejó indignada. «Nos toman de estúpidos, se burlan de nosotros, yo esto me lo imaginaba».
El exministro de Salud fue imputado por supuesto abuso de autoridad. El director del hospital Posadas, Alberto Maceira, testificó ante la justicia que había sido convocado la semana pasada por el ahora exministro para vacunar a una decena de allegados suyos en la propia sede del Ministerio de Salud, por fuera de los protocolos.
Para suavizar el impacto del escándalo el ministerio puso en marcha un registro al que se podrá acceder online y que muestra en tiempo real toda la información sobre el operativo nacional de vacunación contra el COVID-19.
A su vez el gobierno convocó a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para establecer una definición específica de quiénes deben ser considerados personal estratégico.
El presidente justificó la víspera que entre las 70 personas incluidas en la lista revelada estén la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, gobernadores y alcaldes que, sostuvo, tuvieron que inmunizarse para generar confianza en la ciudadanía luego de que la oposición calificara a la vacuna rusa de «veneno».
También dijo que «algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron esas personas».
Sin embargo, entre los funcionarios de alta jerarquía, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero no recibió la vacuna.
En la lista aparecen funcionarios de segunda línea de los ministerios de Salud y Economía que no son mayores de 60 años y a los que Fernández no se refirió.
El gobierno capitalino, de signo opositor al del presidente, aprovechó la polémica para cuestionar al Ejecutivo nacional. «Lo que ha pasado ha sido un error grave que daña la credibilidad de la campaña de vacunación», dijo el ministro de Salud de la ciudad, Hernán Quirós.
Los considerados prioritarios por el propio Ejecutivo nacional eran el personal sanitario, que aún sigue recibiendo la vacuna; los mayores de 70 años y los pacientes que viven en geriátricos; los mayores de 60, el personal de seguridad y finalmente los adultos de entre 18 y 59 años con factores de riesgo.
En Argentina se han registrado más de dos millones de casos de coronavirus y más de 51.500 fallecidos, según el Centro de Ciencias e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.
Hasta ahora 513.394 personas han recibido una dosis de la vacuna para el nuevo coronavirus y 267.061 las dos dosis, según la página de internet del Ministerio de Salud. Argentina tiene una población total de 44,5 millones de habitantes.
