Por MANUEL RUEDA
BOGOTÁ
Agencia AP
Los asesinatos de defensores de derechos humanos y las matanzas de civiles están aumentando a un ritmo preocupante en Colombia, según un informe de Naciones Unidas publicado ayer.
El informe anual de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia reveló que la violencia se está «intensificando» en algunas zonas rurales donde la presencia del Estado es débil y donde los grupos armados luchan por el control territorial tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Según el informe de la ONU, al menos 133 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2020, un aumento del 23% respecto a 2019.
Naciones Unidas también registró 76 masacres en todo el país el año pasado, que se definen como eventos en los que tres o más civiles son ejecutados a la vez. El número de masacres registradas fue «casi el doble» que en 2019 y fue la cifra más alta desde 2016, dijo Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
El informe será presentado el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Las conclusiones se publican en un momento en el que el gobierno colombiano se esfuerza por reducir la violencia en las zonas rurales que en su día controlaron las FARC y en las que siguen existiendo actividades ilegales como el tráfico de cocaína, el contrabando de madera y la minería informal.
Estas zonas son ahora disputadas por grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y exintegrantes de las FARC que se negaron a unirse al acuerdo de paz de 2016 con el gobierno de Colombia.
La ONU instó al gobierno de Colombia a aumentar su presencia en estas zonas para proteger a los civiles y reducir la violencia.
Una forma de hacerlo, dijo De Rivero en una conferencia de prensa, es «poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del gobierno».
El acuerdo de paz incluye proyectos de titulación de tierras y programas destinados a ayudar a los cocaleros a sustituir sus cultivos ilegales por cultivos legales. También creó una comisión destinada a encontrar soluciones para desmantelar los grupos armados.
El presidente Iván Duque ha criticado algunos aspectos del acuerdo de paz, como el sistema de justicia transicional, al que acusa de ser demasiado indulgente con los excomandantes rebeldes. Los críticos de su gobierno han dicho que ha sido lento en la implementación de algunos aspectos del acuerdo de paz, incluyendo los proyectos de sustitución de coca.
La ONU afirmó que el gobierno de Colombia ha tenido progresos en la eliminación de la violencia contra los activistas mediante la creación de un sistema de vigilancia que proporciona alertas tempranas sobre las amenazas contra los defensores de los derechos humanos. De Rivero también elogió una reciente iniciativa de la Fiscalía General de la Nación para disminuir la impunidad al llevar jueces itinerantes a zonas rurales remotas.
No obstante, el informe pide a Colombia «redoblar esfuerzos» para implementar el acuerdo de paz.
«La tendencia asesinatos es preocupante», dijo De Rivero. «El Estado tiene la capacidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia».
