ROMA (AP) — Italia está exigiéndole a las compañías de entrega de comida que respeten las leyes laborales, y un fiscal lamentó el miércoles que los ciclistas que la transportan, muchos de ellos inmigrantes, son tratados prácticamente como esclavos.
Fiscales en Milán dijeron que a cuatro grandes compañías de reparto en Italia se les dio un plazo de 90 días para que mejoren su trato a los ciclistas, lo que incluye proporcionarles bicicletas seguras, compensaciones por accidentes, contratos y adiestramiento, entre otras prestaciones laborales.
Las autoridades también impusieron multas por un total de 733 millones de euros (880 millones de dólares). La fiscal Tiziana Siciliano dijo que los repartidores “representan un enlace fundamental, sin el cual los negocios no podrían funcionar”.
Tres de las cuatro compañías emitieron comunicados en los que expresaron su sorpresa, y alegaron que sí les ofrecen flexibilidad y seguridad a los repartidores, indicó la agencia noticiosa italiana LaPresse.
La pandemia obligó a cerrar cafés y restaurantes de forma parcial o total. Ante ello, ciclistas provistos de mochilas especiales para llevar comida han transitado por las ciudades grandes y las pequeñas localidades para mantener a numerosos italianos alimentados y seguros en sus casas.
Las cuatro compañías tienen unos 60.000 repartidores en bicicleta o motoneta, y casi ninguno cuenta con algún tipo de contrato, aportaciones para pensión, días festivos pagados, licencias por enfermedad o coberturas por accidente, dijeron los fiscales en Milán.
Los repartidores ganan unos 4 euros (4,80 dólares) por servicio, dijeron el miércoles los fiscales en conferencia de prensa, y señalaron que las compañías utilizan algoritmos para determinar a cuáles de ellos se les asignan más entregas, e incluso se les llama para más trabajo.
“Ya no es tiempo de decir que son esclavos, sino que es hora de decir que son ciudadanos», le dijo el fiscal Francesco Greco a los reporteros. Indicó que los investigadores no le aplicaron “un enfoque moral al tema, sino uno legal”.
La pesquisa surgió a partir de una investigación de 2019 sobre accidentes en los que se vieron involucrados repartidores en bicicleta.
