MADRID
Agencia DPA/Europa Press
La Fiscalía de Perú ha llevado a cabo este viernes un registro en las sedes del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y las universidades de San Marcos y Cayetano Heredia en el marco de una operación que se enmarca en la investigación sobre el conocido como ‘Vacunagate’ el escándalo político que golpea al país.
En un comunicado, la Fiscalía ha indicado que con la operación busca «recabar información sobre la participación de los funcionarios en el uso de las vacunas contra la COVID-19» después de que saliera a la luz que cientos de altos cargos se habrían vacunado de forma subrepticia en el país.
Asimismo, ha señalado que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte ha abierto diligencias preliminares «contra los que resulten responsables de los presuntos delitos contra la administración pública» por el uso de las vacunas del laboratorio Sinopharm.
Según la emisora de radio RPP, el fiscal Augusto Noblesa ha entrado este mismo viernes en la sede del Ministerio junto a otros seis agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía peruana.
El jueves, el ministro de Sanidad, Óscar Ugarte, dijo que aproximadamente unos 50 funcionarios de la institución figuran en una lista como presuntos receptores de las vacunas fuera de los ensayos clínicos realizados.
La Fiscalía también está realizando investigaciones sobre el trabajo del Centro de Estudios Clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en San Martín de Porres, donde se realizan los ensayos con los voluntarios del estudio de la vacuna de Sinopharm.
El ‘Vacunagate’ estalló la semana pasada con la revelación de que el expresidente Martín Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, lo que provocó las dimisiones en cadena de las ministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, así como la de varios viceministros que admitieron haber sido vacunados de forma «extraoficial».
La aparición de una lista de 487 personas que habrían recibido dosis activas al margen de los ensayos clínicos que se realizan en las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, ha salpicado a médicos, investigadores y funcionarios.
El jueves la Contraloría General de la República señaló que había identificado a un total de 122 funcionarios en la lista de personas que recibieron la vacuna experimental. En conferencia una rueda de prensa, el contralor Nelson Shack indicó que, de todos los funcionarios identificados, 19 habrían hecho que sus familiares recibieran la vacuna antes de tiempo.
Para Shack, los altos cargos implicados podrían tener responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. «Todos (los 122) deberían tener responsabilidad presunta a nivel administrativo, pero hay otros, un subgrupo, que tienen además otros tipos de responsabilidades, porque han hecho un aprovechamiento indebido de su cargo para poder beneficiar a sus propios familiares con esta vacunación», ha aseverado.
