YANGÓN. Myanmar
Agencia AP
La policía persiguió a manifestantes contrarios al golpe de Estado militar en Myanmar, realizaron disparos de advertencia y emplearon cañones de agua para dispersar a las multitudes que volvieron a salir a la calle el martes desafiando las nuevas leyes que ilegalizaban sus protestas.
En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, se emplearon cañones de agua y testigos dijeron que se efectuaron al menos dos disparos de advertencia para tratar de dispersar a la gente. De acuerdo con reportes en las redes sociales, la policía detuvo a más de dos docenas de personas allí. También se emplearon cañones de agua en la capital, Naipyidó, por segundo día consecutivo y hubo disparos al aire.
Las autoridades habrían empleado balas de goma contra la multitud en Naipyidó, hiriendo a varias personas. Imágenes publicadas en redes sociales mostraron a un presunto tirador — un agente con un arma corta — y varios heridos.
Otros reportes no confirmados que circulaban por internet hablaban de balaceras con munición real y fallecidos entre los manifestantes, lo que podría generar represalias violentas contra las autoridades, un escenario contra el que han advertido los defensores del movimiento de desobediencia civil. The Associated Press no pudo confirmar de inmediato esa información.
Los inconformes exigen que se devuelva el poder al gobierno civil depuesto y la liberación de la líder electa del país, Aung San Suu Kyi, y de otros miembros del partido gobernante, detenidos cuando el ejército impidió la primera sesión del nuevo parlamento el 1 de febrero.
El creciente desafío a las nuevas autoridades sorprende en un país donde en el pasado las manifestaciones obtuvieron un uso letal de la fuerza como respuesta, y recuerdan a movimientos previos en la larga y sangrienta lucha de la nación del sudeste asiático por la democracia. El ejército reprimió con dureza un masivo alzamiento en 1988 contra la dictadura militar y una revuelta liderada por monjes budistas en 2007.
Los decretos emitidos el lunes en la noche para algunas zonas de las dos ciudades prohibían las movilizaciones y concentraciones de más de cinco personas, además de las caravanas motorizadas, e imponían un toque de queda de 20:00 a 04:00 horas. No estuvo claro de inmediato si se han impuesto restricciones para otras zonas.
La violación de estas órdenes, dictadas bajo la sección 144 del Código Penal, es sancionable con hasta seis meses de prisión o una multa.
Las movilizaciones del martes se repitieron en ciudades como Bago — donde los mayores negociaron con la policía para evitar una confrontación violenta —y Dawei, y en el estado de Shan, en el norte.
En Magwe, en el centro del país, donde las autoridades también emplearon cañones de agua, reportes no confirmados en redes sociales apuntaron que varios agentes de policía se pasaron al bando de los manifestantes, igual que habría ocurrido con otro en Naipyidó.
Pese a la fuerte presencia policial en Yangón, la principal ciudad del país, las multitudes que se manifiestan desde el sábado volvieron a hacerlo el martes. No se reportaron incidentes violentos.
Por el momento no parece que se haya movilizado a soldados para frenar las manifestaciones, un pequeño indicador de contención por parte de la junta militar gobernante. El ejército tiene un historial de brutalidad a la hora de sofocar revueltas pasadas, así como en la lucha contra minorías étnicas en zonas fronterizas que buscan la autodeterminación. Además, ha sido acusado de perpetrar un genocidio en su campaña de contrainsurgencia de 2017 que llevó a más de 700.000 musulmanes rohinya a ponerse a salvo al otro lado de la frontera, en Bangladesh.
Los medios estatales se refirieron por primera vez a las protestas el lunes, señalando que ponían en peligro la estabilidad del país.
«La democracia puede destruirse si no hay disciplina», señaló un comunicado del Ministerio de Información leído en la televisora estatal MRTV. «Tendremos que tomar acciones legales para evitar actos que están violando la estabilidad del país, la seguridad pública y el estado de derecho».
Sin embargo, el comandante militar que encabezó la sublevación y que ahora es el líder del país no mencionó las movilizaciones en un discurso televisado de 20 minutos el lunes en la noche, el primero desde el golpe.
En su lugar, el general Min Aung Hlaing repitió las denuncias sobre fraude electoral que han sido la justificación para el alzamiento, quejas rechazadas por la comisión electoral. Además, señaló que su junta celebrará nuevas elecciones en un año como prometió y entregará el poder a los vencedores, y explicó las políticas de su gobierno para controlar el COVID-19 y para la economía.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un organismo formado por 47 estados y con sede en Ginebra, celebrará una reunión extraordinaria el viernes para «considerar las implicaciones de la crisis en Myanmar en los derechos humanos».
Gran Bretaña y la Unión Europea encabezaron la solicitud para la cumbre, que equivaldrá a un debate público de alto perfil entre diplomáticos sobre la situación en Myanmar y podría derivar en una resolución expresando preocupación por la situación o una recomendación de acciones internacionales.
