Por MAURICIO SAVARESE
SAO PAULO
Agencia AP
El reconocido grupo de fiscales brasileños que dirigió la operación Lava Jato fue desmantelado oficialmente ayer, lo que representa el simbólico final de una unidad de investigación que fue elogiada en un principio por su labor en el combate a la impunidad entre la élite política y empresarial del país, y que posteriormente fue acusada de ser parcial en sus indagaciones.
La operación Lava Jato comenzó en marzo de 2014 para indagar las transacciones en el mercado negro que involucraban a una estación de gasolina de la capital Brasilia, pero pronto descubrió sobornos por miles de millones de dólares relacionados con contratos de construcción otorgados por la petrolera estatal Petrobras. Los investigadores descubrieron que buena parte de los fondos ilícitos fueron a parar a las arcas de partidos y a los bolsillos de políticos.
La unidad compartió sus hallazgos con otras naciones, lo que apoyó la lucha anticorrupción en toda la región.
Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alejandro Toledo, de Perú; Ricardo Martinelli, de Panamá; y Mauricio Funes, de El Salvador fueron enviados a prisión como resultado de las investigaciones, al igual que algunos de los principales ejecutivos de importantes compañías constructuras como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão y Camargo Correa. Odebrecht cambió recientemente de nombre a Novonor.
La fiscalía federal del estado de Paraná señaló en un comunicado que los nueve miembros del grupo fueron reasignados a la unidad Gaeco, que combate al crimen organizado. Cinco de ellos seguirán realizando investigaciones de Lava Jato, mientras que el resto asumirá obligaciones completamente nuevas.
«El grupo de trabajo en Paraná deja de existir, pero algunos de sus miembros trabajarán con Gaeco con el objetivo de continuar su labor», indica el comunicado.
Había también investigaciones de Lava Jato de menor envergadura en los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Los fiscales de Río serán absorbidos por Gaeco, mientras que los de Sao Paulo renunciaron en masa el año pasado.
La operación Lava Jato en Paraná derivó en 295 detenciones, presentó cargos contra 533 personas y culminó en sentencias de prisión para 174 individuos, según el comunicado. Además, se recuperaron más de 4,300 millones de reales (800 millones de dólares) de fondos ligados a actos de corrupción.
El sitio web noticioso The Intercept Brasil publicó en 2019 mensajes filtrados en los que se revelaba que Sergio Moro, que en algún momento fue el juez federal que encabezaba la investigación desde Paraná, colaboró con fiscales de Lava Jato en formas que podrían haber ido más allá de lo ético y posiblemente influyó en las sentencias de cárcel de Lula. Se prevé que el máximo tribunal del país decida en los próximos meses si deben revertirse dichas condenas con base en esas revelaciones.
Lula fue encarcelado en abril de 2018, con lo que quedó fuera de la contienda presidencial de ese año. El ganador de esos comicios, Jair Bolsonaro, hizo del respeto a la ley y el orden uno de sus temas de campaña, y se comprometió a convertir a Lava Jato en parte de la infraestructura anticorrupción de su gobierno. Moro se convirtió en su ministro de Justicia, pero renunció en abril pasado tras afirmar que el mandatario intentó intervenir indebidamente en la policía federal.
En tanto, el ritmo de las investigaciones de Lava Jato ha disminuido. Bolsonaro dijo en octubre del año pasado que la operación estaba llegando a su fin debido a que su gobierno está libre de corrupción.
El procurador general Augusto Aras, quien es visto por muchos fiscales independientes como una figura demasiado cercana a Bolsonaro y crítico desde hace tiempo de la agresividad con la que actuaba la unidad, rechazó que el grupo de trabajo de Lava Jato haya quedado desmantelado.
«La verdad es que Gaeco convierte en institucionales las actividades del grupo, que es algo que no tenían», dijo Aras al concluir una ceremonia en Brasilia. «Los miembros son los mismos, con las garantías de permanecer en el puesto por dos años, con proyectos que tienen un principio, un punto medio y un final».
Fabiano Angelico, investigador en materia de corrupción y exasesor de Transparencia Internacional en Brasil, dijo que los fiscales de Lava Jato enfrentarán mayores dificultades bajo el nuevo sistema, del que Aras no ha definido claramente cómo funciona.
Angelico indicó que miembros cruciales del grupo cometieron errores que provocaron el desmantelamiento de la unidad, incluyendo un marcado sesgo político. Pero añadió que fue gracias a ellos que los brasileños entienden por primera vez lo que sucede cuando quedan expuestos los sobornos en gran escala y cómo se movilizan las estructuras del poder para frenar las investigaciones.
«Los líderes políticos no hicieron nada con los resultados de la investigación, incluyendo a Bolsonaro», dijo Angelico. «La lucha contra la corrupción es un arma política. Una vez que se ha desgastado su uso político, tiende a perder importancia, y eso fue lo que ocurrió en este caso».
