Por NICOLE WINFIELD
ROMA
Agencia AP
El Vaticano abandonó abruptamente ayer su petición de extradición de una mujer italiana buscada por cargos de malversación de fondos en un caso que hubiera determinado si Italia considera que el Vaticano es un estado donde alguien puede recibir un juicio justo.
En la audiencia en una Corte de Milán, el Vaticano dijo que ya no buscaba detener a Cecilia Marogna. Por lo tanto, eliminó cualquier motivo para considerar la extradición. Un comunicado del tribunal del Vaticano señala que su decisión le permitiría a ella participar libremente en un juicio «inminente» en la ciudad estado.
Sin embargo, el objetivo principal de la maniobra parece ser evitar la vergonzosa posibilidad de que la corte de Milán fallara contra los fiscales del Vaticano, dado que no hay tratado de extradición entre ambos estados. Los abogados de Marogna también pudieron haber argumentado que sin dicho tratado, la ley italiana prohíbe enviar a ciudadanos a un país donde su «derecho fundamental» a un juicio justo no está garantizado.
Dos cortes italianas ya han fallado contra fiscales del Vaticano en el caso de Marogna y una pesquisa de corrupción más extensa del Vaticano, exponiendo cómo el sistema judicial del Vaticano es inconsistente con las normas europeas.
Los abogados italianos que antes han defendido a clientes ante el tribunal del Vaticano afirman que los procedimientos están desactualizados, no ofrecen igualdad de derechos para los acusados y son sujetos a interferencia arbitraria del pontífice quien como monarca absoluto ejerce poderes legislativos, ejecutivos y judiciales exclusivos.
Por ejemplo, en un caso de corrupción reciente, el Papa Francisco autorizó un procedimiento que le impide a un juez independiente supervisar a los fiscales durante la fase investigativa. Tampoco hay posibilidad de que la defensa impugne testimonios o pruebas obtenidos durante la investigación, como se requeriría en Italia.
