Por MIKE CORDER
LA HAYA, Holanda
Agencia AP
El primer ministro holandés Mark Rutte y todo su Gabinete renunciaron ayer al asumir la responsabilidad política de un escándalo de investigaciones a pagos de bienestar infantil que calificaron erróneamente a miles de padres de estafadores.
En un discurso televisado a la nación, Rutte dijo que había informado al rey Guillermo-Alejandro de su decisión y prometió que su gobierno continuaría trabajando para compensar a los padres afectados lo antes posible y combatir el coronavirus.
«Todos coincidimos en que si todo el sistema ha fallado, debemos asumir la responsabilidad, y eso ha llevado a la conclusión de que acabo de presentarle al rey la renuncia del gabinete en pleno», dijo Rutte.
Poco después de pronunciar su discurso, Rutte fue en bicicleta al palacio del rey en un bosque en La Haya para informarle personalmente. La televisión holandesa lo mostró cuando estacionaba su bicicleta al pie de la escalinata y se dirigía al interior del palacio.
Se trata de una medida en gran medida simbólica, ya que el gobierno permanecerá en funciones hasta que se forme una nueva coalición después las elecciones del 17 de marzo.
La renuncia pone fin a una década de Rutte en el gobierno, aunque se prevé que su partido ganará la elección, con lo que sería el primero en la fila para iniciar conversaciones hacia un nuevo gobierno. Si logra formar una nueva coalición, probablemente volverá a ser primer ministro.
El líder del principal partido opositor, Geert Wilders, dijo que el gobierno hizo bien en renunciar.
«Se ha penalizado a gente inocente, se ha destruido sus vidas y se informó al parlamento de manera incorrecta e incompleta», dijo.
El jueves renunció el líder del Partido Laborista porque era ministro de asuntos sociales en una coalición encabezada por Rutte cuando la oficina de impuestos aplicó medidas duras contra el fraude con el bienestar infantil.
Los ministros resolvieron el viernes en reunión de gabinete su reacción a un duro informe parlamentario emitido el mes pasado bajo el título «Injusticia sin precedentes», según el cual las medidas de la oficina impositiva violaban «principios fundamentales del estado de derecho». El informe también criticaba al gobierno por la manera como informó al parlamento acerca del escándalo.
Muchos padres acusados erróneamente se endeudaron cuando la impositiva exigió el reembolso de pagos.
