MANAGUA
Agencia AP
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó ayer por amplia mayoría una ley que impide la participación de la oposición en las elecciones de 2021, el mismo día que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres funcionarios del gobierno de Daniel Ortega.
En una sesión extraordinaria, la bancada de 70 diputados sandinistas aprobó la llamada «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz». Catorce diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra por considerarla «inconstitucional».
La polémica norma, aprobada con trámite de urgencia, impide postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes el gobierno considere «golpistas» o «terroristas», pese a que la constitución vigente establece plenos derechos de participación política a todos los ciudadanos sin excepción.
De acuerdo con la ley, no podrán participar en los comicios generales de 2021 quienes «encabecen o financien un golpe de Estado…, inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares…, propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
Todos ellos «serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular», señala el texto aprobado. El Código Penal castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de «terrorismo» y «traición».
Ortega ha calificado de «golpistas» y «terroristas» a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El directivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que el presidente Ortega debería ser «el primer inhibido» por la nueva ley. «A quien tendrían que aplicar una ley de este tipo es a Daniel Ortega, por todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido y el daño que ha provocado», dijo Chamorro en un mensaje en sus redes sociales.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro anunció el lunes en Washington nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Ortega. Esta vez los afectados son el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez y el jefe de Policía, Fidel Domínguez, acusado de dirigir la represión contra los opositores en el departamento de León, en el oeste del país.
Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, estos funcionarios «son responsables por cooptar mecanismos judiciales o financieros para apoyar al régimen de Ortega en la identificación sistemática, intimidación y castigos contra la oposición política».
Con estas sanciones suman 27 los funcionarios sandinistas sancionados desde 2017 por Estados Unidos acusados de corrupción y violación de derechos humanos.
«Hoy Estados Unidos sancionó a tres miembros del gobierno nicaragüense que han permitido la corrupción y los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega. Apoyamos la lucha del pueblo de Nicaragua por restaurar la democracia», declaró vía Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo, al comentar las sanciones de la OFAC.
La controvertida ley sandinista fue rechazada por las opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, cuyos líderes trabajan en un plan de reformas electorales con vistas a los comicios de 2021.
El viernes Ortega señaló que los que piden sanciones «no son nicaragüenses».
«Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones… perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones. Ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten», afirmó Ortega, de 75 años, que gobernó en la década de 1980, retornó al poder en 2007 y aspira a una tercera reelección consecutiva.
«Esos no son nicaragüenses, no sé cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a participar en una elección», insistió. «Son terroristas, son criminales y vendepatria, porque siguen pidiendo más sanciones», agregó.
El mismo viernes el Parlamento aprobó por 75 votos la nacionalización de la distribuidora de energía TSK-Melfosur Internacional —conformada por las empresas españolas TSK y Melfosur, y cuyas operaciones son controladas por el consorcio Alba de Nicaragua. Se estima que la medida busca proteger a la industria eléctrica de posibles sanciones de Estados Unidos.
