Por MARK STEVENSON
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia AP
La Cámara de Diputados de México aprobó ayer un controversial proyecto de ley que limita la cantidad de agentes extranjeros y elimina su inmunidad.
La votación se produjo cuatro días después de que el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo que la propuesta perjudicaría la cooperación transfronteriza y beneficiaría a los cárteles de narcotráfico.
Con 329 votos a favor y 98 en contra, y 40 abstenciones, la cámara baja de México envió la propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación. El presidente propuso la iniciativa y el Senado de la nación ya la aprobó.
La propuesta requiere que todos los agentes extranjeros, sin importar del país que sean, compartan toda la información que recopilen con las autoridades mexicanas. También requeriría a cualquier funcionario mexicano que contacten que envíe un reporte por escrito a las autoridades federales.
El viernes, Barr dijo que Estados Unidos estaba preocupado por la propuesta, señalando que «tendría el efecto de hacer más difícil la cooperación entre nuestros países» y añadió: «Esto haría que los ciudadanos de México y Estados Unidos estén menos seguros».
«La aprobación de esta propuesta sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta», escribió Barr.
El proyecto de ley incluye una promesa vaga de mantener en secreto cualquier información que sea compartida con México. Tradicionalmente, México ha dependido de los agentes estadounidenses para generar la mayoría de su información de inteligencia sobre los cárteles de narcotráfico, pero tiene un historial de funcionarios que han filtrado ese tipo de información y en ocasiones, incluso la han compartido con las organizaciones de narcotráfico.
En la mayoría de los países, el principal agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) tiene total inmunidad diplomática y otros agentes tienen algún tipo de inmunidad limitada o técnica. La propuesta eliminaría toda inmunidad.
La iniciativa también especifica que cualquier funcionario público mexicano, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, que intercambie aunque sea una llamada telefónica o mensaje de texto con un agente estadounidense, deberá «entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes».
El columnista y exdiplomático Gabriel Guerra dijo que las nuevas normas eran comprensibles dado que la conducta de los agentes de la DEA ha sido un tema conflictivo en el pasado.
Guerra señaló que se necesitan algunas reglas de compromiso y que los funcionarios mexicanos necesitan rendir cuentas a su propio gobierno.
Pero el legislador Fernando Macías Olvera, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), criticó la nueva propuesta. Gobernadores y alcaldes en el norte de México, donde el PAN tiene una sólida presencia, han dependido desde hace tiempo de una cooperación cercana con las agencias del orden público estadounidenses para combatir a las organizaciones de narcotráfico.
«¿Cuál es la respuesta? Amenazar con sancionar administrativa y penalmente a municipios y estados por tener comunicación y colaboración con agentes internacionales extranjeros, cuando es una práctica por décadas en estados y municipios fronterizos», puntualizó el diputado.
Añadió que «es una represalia, es una respuesta del gobierno federal al gobierno estadounidense por el caso Cienfuegos», en referencia a la molestia de México por el arresto del exsecretario de la Defensa Nacional del país, Salvador Cienfuegos, ocurrido en Los Ángeles en octubre por cargos de que ayudó a los cárteles de droga a cambio de sobornos.
Bajo presión de las amenazas implícitas de México en torno a restringir la entrada o expulsar a agentes estadounidenses, los fiscales cedieron y abandonaron su caso para que Cienfuegos pudiera regresar a México y ser investigado, aunque hasta ahora no se le han presentado cargos bajo la ley mexicana.
Mike Vigil, el exdirector de operaciones internacionales de la DEA, predijo que la información estadounidense que se comparta bajo la nueva ley será «filtrada, va a comprometer a los agentes y va a comprometer a los informantes».
El historial de filtraciones está bien documentado. En 2017, el comandante de una unidad de inteligencia de la policía mexicana que recibió información de la DEA fue acusado de pasar esa información al cártel de narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.
Los agentes estadounidenses también han sido atacados en México, como fue el caso del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena, quien fue torturado y asesinado por narcotraficantes en 1985. Pero también ha habido casos de abusos por parte de los estadounidenses: un doctor mexicano absuelto por su participación en ese asesinado supuestamente fue secuestrado y torturado por agentes de la DEA e informantes mexicanos en 1990 en México.
