1. En esta fotografía de archivo, el presidente Donald Trump habla a sus seguidores desde un balcón de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Foto La Hora/AP/Alex Brandon.

Por RICARDO ALONSO ZALDÍVAR

WASHINGTON

Agencia AP

El gobierno del presidente Donald Trump intenta revivir el plan, paralizado desde la víspera de la elección, de enviar a millones de beneficiarios del programa de asistencia médica para los ancianos Medicare una tarjeta de descuento de 200 dólares sobre los medicamentos de venta bajo receta.

Una persona familiarizada con el plan dijo que éste enfrenta algunos escollos legales. A esto se suma la ardua logística de enviar a 39 millones de personas una tarjeta funcional en medio de la temporada navideña y sin el beneficio de la planificación. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a revelar discusiones internas.

Un vocero de la Casa Blanca no respondió de inmediato a un pedido de conocer la situación actual de la tarjeta. La semana pasada, la vocera presidencial Kayleigh McEnany dijo a la prensa que desconocía que el tema estuviera en discusión.

Trump anunció la tarjeta en un discurso el 24 de septiembre sobre sus planes inconclusos para la salud pública. Tal como describió la idea, parecías que las tarjetas llegarían por correo próximamente. Algunos se preguntaban de viva voz si llevarían el nombre del presidente.

«Nadie ha visto esto anteriormente», dijo Trump en ese momento. «Estas tarjetas son increíbles. Las tarjetas serán enviadas por correo en las próximas semanas. Siempre cuidaré a nuestros maravillosos ciudadanos mayores. Joe Biden no lo haría».

La idea es que los beneficiarios utilizarían la tarjeta para descontar 200 dólares de sus copagos de medicamentos bajo receta. Si Trump logra iniciar la distribución antes del 20 de enero, cuando asume Biden, el nuevo gobierno quizá tendría problemas para detenerla.

Se calcula que el costo para los contribuyentes sería de unos 7.800 millones de dólares, sin contar los gastos administrativos. El gasto no ha sido autorizado por el Congreso, que tiene el control de los fondos.

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