Jóvenes artistas protestan frente a las puertas del Ministerio de Cultura, en La Habana, Cuba. Foto La Hora/AP/Ismael Francisco.

Por ANDREA RODRÍGUEZ
LA HABANA
Agencia AP

Las autoridades cubanas rompieron ayer el diálogo con algunos de los artistas que la semana pasada protagonizaron una protesta frente a la sede del Ministerio de Cultura, luego de que estos jóvenes les hicieran llegar la víspera una serie de condiciones.

Al mismo tiempo acusaron a algunos de ellos de estar financiados y orientados por Estados Unidos.

«El Ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios», dijo la dependencia gubernamental en una nota oficial.

La víspera, una treintena de artistas que habían sido recibidos por el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, emitieron un documento con sus condiciones para continuar el diálogo en una segunda reunión.

El texto de los artistas, que también fue publicado por el Ministerio de Cultura, incluye siete demandas como garantías de seguridad para los que se vean con el gobierno y una lista «no negociable» de personas en dicho encuentro, además de la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y representantes de las carteras de Interior y Justicia.

A su vez pide que se invite a medios no oficiales o alternativos como Cibercuba, con sede en España pero que las autoridades sostienen que está financiado por Estados Unidos.

Poco después, en un encuentro con periodistas, el viceministro Rojas indicó que estaban dispuestos a hablar «de cualquier tema» y recordó ocasiones anteriores en que artistas o intelectuales incluso simpatizantes de la revolución hicieron críticas duras a la política cultural del país.

«Pero nosotros no vamos a darle legitimidad a los que con apoyo del gobierno de los Estados Unidos quieren dañar a este país», señaló al indicar que sí se harán encuentros aparte con algunos de los manifestantes para escuchar sus inquietudes.

La semana pasada un grupo de artistas se concentró de manera espontánea frente al Ministerio de Cultura y permaneció allí hasta el sábado, cuando fue recibido por Rojas y acordaron nuevos encuentros.

Los creadores demandaban más espacio para el arte independiente, no ser hostilizados por no trabajar con las instituciones oficiales y la liberación de un rapero, Denis Solís, que había sido condenado luego de insultar a un policía.

Antes, la liberación de Solís había motivado desde mediados de noviembre una protesta de una docena de sus compañeros del proyecto Movimiento San Isidro -una iniciativa de artistas muy críticos al gobierno- que se atrincheraron en una casa. El desalojo del grupo fue el puntapié inicial de la concentración frente al Ministerio y el posterior diálogo con Rojas.

Sin embargo, la manifestación ante el Ministerio y que ahora se conoce como 27N –por el día en que sucedió– transcendió al Movimiento San Isidro, poco conocido.

La ruptura del diálogo fue considerada una mala señal por algunos artistas que se manifestaron frente al Ministerio.

«Si el diálogo se frustra que sea por ellos, por mí no será nunca», dijo a The Associated Press el artista plástico Julio Llopiz-Casal. «Lo que han hecho es desestabilizar el proyecto (de encuentro) haciendo las acusaciones infundadas de siempre, de que estamos penetrados por la CIA (Central de Inteligencia de Estados Unidos) de que somos personas que no pensamos por nosotros mismos».

Precisamente el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, es una de las personas que está en la lista entregada por los artistas y que el Ministerio de Cultura rechaza como interlocutor.

Imágenes de medios oficiales cubanos de los últimos días mostraron a Otero Alcántara -quien fue encarcelado por usar de manera irreverente la bandera en el baño- en encuentros con funcionarios de Estados Unidos y otras personalidades que suelen ser sistemáticamente críticas del modelo cubano.

La administración del saliente presidente Donald Trump endureció radicalmente las sanciones contra Cuba con el objetivo de asfixiarla económicamente –y políticamente– para presionar un cambio de modelo político.

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