MADRID
Agencia DPA/Europa Press
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, manifestó ayer su «profunda preocupación» por la deportación de 25 personas a Venezuela desde Trinidad y Tobago.
En un comunicado, la representante de la ONU ha lamentado que la deportación se haya llevado a cabo a pesar de que se había presentado una solicitud para evitar tal acción debido a la situación humanitaria en Venezuela. Además, ha alertado de que 16 de estas personas son menores de edad.
Los 25 han abandonado Trinidad y Tobago a bordo de dos barcos que han sido escoltados por la Guardia Costera. Todos ellos habían llegado al país el 17 de noviembre procedentes de territorio venezolano.
La deportación ha tenido lugar después de que el Tribunal Supremo del país caribeño desestimara su solicitud por considerar que se encuentra fuera de su jurisdicción. Throssell ha alertado, no obstante, de que durante 24 horas no se ha sabido nada del paradero del grupo, que incluye un bebé de cuatro meses.
«Todos los refugiados y migrantes, sea cual sea su estatus, merecen que se respeten sus Derechos Humanos», ha señalado. «Respecto a los niños migrantes, los estados tienen el deber de velar por los intereses de los menores a la hora de tomar decisiones que les afecten».
Así, la representante de Naciones Unidas ha especificado que estos «no deben nunca ser deportados a la fuerza debido al estatus migratorio de sus progenitores». «La condición previa para cualquier deportación que involucre a un niño (…) tiene que constituir una solución sostenible que garantice sus derechos y su bienestar», recoge el texto.
La organización ha instado así a los gobiernos a suspender «todas las deportaciones forzosas en plena pandemia de coronavirus para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades y proporcionar vías seguras y legales para los migrantes».
