Por JUSTIN SPIKE y VANESSA GERA
BUDAPEST
Agencia (AP)

La Unión Europea todavía no termina de resolver su divorcio de Gran Bretaña y ya enfrenta otra crisis de magnitud.

Ahora el bloque de 27 miembros está siendo puesto a prueba por la negativa de Polonia y Hungría a aprobar su presupuesto para los próximos siete años y un ambicioso programa para rescatar sus economías, azotadas por la pandemia del coronavirus.

¿Su objeción? Un nuevo «mecanismo para hacer cumplir las leyes» que permitiría al bloque negar fondos a un país si viola las normas democráticas. Por años los gobiernos de Hungría y Polonia han sido acusados precisamente de eso.

Vistazo al estado de cosas:

¿QUÉ HAY EN JUEGO?

El presupuesto de 1,8 billones de euros (2,1 billones de dólares) abarca el período del 2021 al 2027, incluidos 750.000 millones de euros (887.000 millones de dólares) en fondos de emergencia para impulsar la recuperación económica del bloque tras la crisis del coronavirus.

Guy Verhofstadt, miembro del Parlamento Europeo y exprimer ministro belga, acusó a los líderes de Hungría y Polonia de poner en peligro vidas y la subsistencia de las personas en medio de la pandemia del COVID-19 «solo porque quieren que la UE siga financiando su acaparamiento del poder cada vez más corrupto».
___
¿QUÉ DESATÓ LA DISPUTA?

Los gobiernos del húngaro Viktor Orban y el polaco Mateusz Morawiecki han sido acusados por años de socavar el imperio de la ley al debilitar las instituciones democráticas como un poder judicial independiente y una prensa libre.

Tanto Polonia como Hungría son dos naciones que formaron parte del bloque comunista y que surgieron como modelos de una transición democrática tras la caída de la Cortina de Hierro en 1989. Hoy, sin embargo, se las asocia mayormente con retrocesos democráticos de sus gobiernos populistas de derecha.

Muchos se preguntan qué es realmente la UE, si una zona de libre comercio integrada por naciones independientes o una unión con valores democráticos comunes. Muchos en el bloque tienden a proteger esos valores. Pero no han logrado cambiar el curso de Varsovia y Budapest con las actuales reglas. De ahí la propuesta de retener fondos.

Vera Jourova, vicepresidente de la Comisión Europea, que se asegura de que las 27 naciones del bloque acatan las leyes de la UE, explicó en septiembre: «Los contribuyentes de muchos estados miembros están cansados de financiar los proyectos de países en los que se violan los derechos fundamentales».
Pero el debate replantea otro tema tan recurrente como espinoso: ¿Cuánto poder tiene la UE para imponer su voluntad a los estados miembros?

«El meollo de la cuestión es si nuestro destino está en nuestras manos, si nosotros mismos decidiremos nuestras cosas, o si estará en manos de otros», declaró Morawiecki ante el Parlamento polaco el miércoles.

LA PERSPECTIVA DE POLACOS Y HÚNGAROS

Los gobiernos de Orban y Morawiecki dicen que se los castiga por tener una visión del mundo más conservadora que la del resto de Europa occidental. Señalan que fueron elegidos en forma democrática y que las acusaciones de que son antidemocráticos son falsas.

Orban sostuvo el miércoles que vincular la financiación con el imperio de la ley constituye «un arma política e ideológica» mediante la cual se trata de chantajear y castigar a países que rechazan la inmigración.
«Hoy en Bruselas consideran que solo los países que aceptan inmigrantes respetan las leyes. Los que protegen sus fronteras no son vistos como países donde impera la ley», se quejó Orban en declaraciones a la agencia noticiosa estatal MTI.

El gobierno polaco también criticó la propuesta, expresando temor de que será usada arbitrariamente para castigar a Polonia por varias cosas, incluidos los puntos de vista de sus líderes en torno a la comunidad LGBT.

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN HUNGRÍA

Algunos detractores de Orban dicen que vincular los fondos con el imperio de la ley puede comprometer el funcionamiento del gobierno.

Los contratos públicos financiados por la UE han sido concedidos a empresas que son propiedad de aliados o familiares de Orban. Los detalles de estos contratos a veces son mantenidos en secreto, lo que genera frecuentes denuncias de corrupción.

En el 2018 la agencia de la UE que monitorea el uso que se le da al dinero del bloque hizo más investigaciones en Hungría que en cualquier otro país de la UE.

George Soros, el filántropo húngaro-estadounidense crítico de Orban, dijo el jueves que el gobernante «ha creado un complejo sistema cleptocrático para robarse todo».
Orban niega las denuncias de corrupción.

¿QUÉ PUEDE PASAR?

No hay una salida fácil. Michael Roth, ministro de asuntos europeos de Alemania, que actualmente ejerce la presidencia del Consejo de la UE, dijo esta semana que no hay una alternativa al presupuesto bajo consideración. Tampoco hay tiempo. El nuevo presupuesto entrará en vigor el 1ro de enero.
Los líderes europeos, por otro lado, no quieren abandonar el mecanismo.
Una posibilidad sería que den a Polonia y Hungría garantías de que la implementación de las normas democráticas será limitada. «Nadie debe temer nada», afirmó el comisionado de la UE a cargo del presupuesto Johannes Hahn.
Si esa estrategia no funciona, algunos plantean que las otras naciones dispongan al menos aprobar un programa de ayuda para el coronavirus.
\

Artículo anteriorEn ausencia, Natalia Lafourcade triunfa en los Latin Grammy
Artículo siguienteTras manifestaciones, alianza oficialista del Congreso da marcha atrás con el Presupuesto 2021