Por COLLEEN LONG y ZEKE MILLER
WASHINGTON
Agencia (AP)
La estrategia de la campaña del presidente Donald Trump de presentar una serie de demandas para impugnar el triunfo electoral de Joe Biden es más una manera de darle a Trump una salida en una derrota que sigue sin aceptar y no tanto un intento por cambiar el resultado de los comicios, dijeron varios altos funcionarios, asesores de campaña y aliados a The Associated Press.
Trump ha prometido emprender acciones jurídicas en los próximos días porque se rehúsa a aceptar su derrota a manos de Biden, y ha solicitado donativos para ayudar a financiar cualquier disputa en la corte. Trump y su campaña han lanzado acusaciones de fraude electoral a gran escala en Pensilvania y otros estados que se inclinaron por Biden, y hasta el momento no han presentado evidencias.
Pero las pruebas no son realmente el punto, dijeron las fuentes. La AP habló con 10 altos funcionarios, asesores de campaña y aliados que declararon bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a discutir el tema de manera pública.
Asesores y aliados de Trump también reconocieron en privado que las disputas legales, en el mejor de los casos, sólo prolongarían lo inevitable, y algunos expresaron reservas sobre los intentos del mandatario de socavar el proceso electoral. Sin embargo, señalaron que Trump y un grupo clave de aliados intentaban mantener de su lado a sus simpatizantes más leales incluso en la derrota.
Nunca ha habido una elección presidencial en la historia reciente en la que se hicieran tales señalamientos de fraude a gran escala.
Momentos después de que la AP declaró a Biden como ganador, el abogado de Trump Rudy Giuliani se detuvo frente a una pancarta de campaña colgada sobre la puerta de una cochera de una compañía de jardinería en Filadelfia, ubicada cerca de un crematorio y una librería para adultos llamada «Fantasy Island», acompañado de un puñado de observadores electorales y declaró que no se les permitió seguir el proceso de cerca en busca de cualquier imprecisión. Había algo raro, aseguró.
«No hay forma de saber, porque se nos privó del derecho a inspeccionar las boletas», declaró,
Los observadores de los partidos son designados por el partido o la campaña con el objetivo de reportar cualquier inquietud que surja. Ellos no cuentan ningún voto. La observación en casillas de votación y oficinas electorales está permitida en la mayoría de los estados, pero las reglas varían y existen ciertos límites para evitar acoso o intimidación. No se les permite interferir con la gestión de la elección, y por lo general se requiere que se registren con antelación ante las oficinas electorales locales.
Este año, debido a la pandemia de coronavirus. que ha cobrado más de 230.000 vidas en todo el país, hubo litigios en algunos estados —incluyendo Pensilvania— sobre dónde podían colocarse los observadores para garantizar el distanciamiento social.
Los abogados podrían argumentar que el conteo de votos debe dejarse de lado debido a que los observadores notaron señales de fraude, pero para ganar ese argumento necesitan evidencia sólida y no sólo acusaciones de que a los observadores no se les permitió ver con toda claridad. Los jueces detestan entrometerse con el derecho al voto y necesitarían pruebas significativas de que el fraude fue tan perjudicial para el conteo que debe dejarse de lado. Y tendría que suceder en varios estados.
Los observadores electorales demócratas, a los que se les dio el mismo acceso, no han presentado quejas. Giuliani dijo en su conferencia de prensa que las evidencias de fraude son circunstanciales. Dijo que entablaría una demanda en una corte federal, pero ese asunto ya ha sido abordado por jueces.
Un juez federal de Filadelfia ordenó la noche del jueves que las dos partes negociaran un acuerdo sobre el número de observadores y qué tan cerca podrían estar del conteo. El juez también expresó su preocupación sobre la seguridad de los trabajadores electorales durante la pandemia en caso de que se les permitiera a los observadores estar a muy poca distancia de ellos.
En el programa «Sunday Morning Futures» de Fox News Channel, Giuliani dijo que otras dos demandas estaban en proceso, además del litigio existente en Pensilvania.
Giuliani pronosticó que para el final de esta semana la campaña habría presentado «cuatro o cinco» demandas, y posiblemente 10. Los abogados republicanos planeaban ofrecer una conferencia de prensa el lunes para anunciar querellas adicionales.
El fraude electoral es sumamente raro, y cuando llega a ocurrir, los culpables generalmente son detenidos y procesados, y eso no cambia el resultado de la elección. Por lo general involucra a una persona que quiere cumplir el deseo de un familiar o amigo recientemente fallecido y a sabiendas o por ignorancia comete el delito de llenar una boleta a otro nombre.
Funcionarios de la campaña también han acusado que se hicieron más de 21.000 votos a nombre de personas muertas en Pensilvania. Las acusaciones se originan de una demanda presentada por un grupo legal conservador en contra de la secretaria de Estado, acusándola de incluir equivocadamente en el padrón a 21.000 personas supuestamente fallecidas.
El juez federal al frente del caso, John Jones, dijo que tiene dudas de las acusaciones. Señaló que la Public Interest Legal Foundation que presentó la demanda pedía a la corte que aceptara que había personas fallecidas en el padrón, y el magistrado pidió evidencias y cuestionó por qué esperaron hasta «el último minuto» para presentar la demanda.
«No podemos y no tomaremos la palabra de la parte demandante en una elección en la que todo voto cuenta; no quitaremos su derecho a votantes elegibles únicamente por las acusaciones de una fundación privada», escribió en su fallo del 20 de octubre.
Pero incluso si se descartaran esos 21.000 sufragios, Biden aún conservaría la ventaja en el estado por más de 20.000 votos, según datos de la AP.
El propio gobierno de Trump ha refutado las acusaciones de fraude electoral a gran escala y votos ilegales, aunque no mencionó que fue Trump el que hizo esos señalamientos. La agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, la dependencia federal que supervisa la seguridad de las elecciones presidenciales, también destacó que las oficinas electorales locales tienen medidas de detección que «complican en gran medida» cometer fraude con boletas falsificadas.
Los principales funcionarios electorales, republicanos y demócratas, en los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Nevada, han dicho que no han detectado irregularidades electorales a gran escala, ni instancias de fraude o actividades ilícitas.
En tanto, en una llamada a sus simpatizantes el sábado, el director de campaña de Trump, Bill Stepien, los alentó a prepararse para seguir con la pelea a nombre de Trump, incluyendo mediante protestas y manifestaciones. Otros asesores especificaron que sus argumentos fueron por irregularidades en el conteo.
Y los republicanos mantienen la idea de que se deben contar todos los votos «legales», insinuando que los demócratas quieren contar votos ilegales, una acusación que no tiene evidencias.
Es una complicada posición para los aliados de Trump que intentan seguir apoyando al presidente — y evitar mayores consecuencias — pero enfrentan la realidad del conteo de votos.
Según un republicano que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir una conversación privada, los republicanos en el Capitolio le estaban dando a Trump espacio para sopesar todas sus opciones legales, y permitiendo que el proceso se lleve a cabo.
El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell aún no se ha pronunciado de manera pública, ni para felicitar a Biden ni para unirse a las quejas de Trump sobre los resultados.
«No estoy seguro de que su postura haya cambiado respecto a ayer: contar todos los votos y resolver todas las acusaciones», dijo Scott Jennings, un estratega republicano en Kentucky aliado de McConnell. «Creo que no habrá tolerancia más allá de lo que permite la ley. Habrá tolerancia para lo que la ley permite».
Es una postura que comparten varios otros republicanos que no respaldan ni rechazan el resultado.
«Nada de lo que he visto respecto a las elecciones genera un problema legal que pueda tener éxito. No hay nada ahí», dijo Barry Richard, quien representó a George W. Bush en el recuento del 2000 en Florida en un caso que concluyó en la Corte Suprema. «Cuando se presentan estas demandas sólo se promueve el desprecio a todo el sistema legal», añadió.
