POR EVA VERGARA/AP
SANTIAGO, CHILE
Más de dos tercios de los chilenos votaron por reemplazar la Constitución instaurada hace 40 años por la dictadura militar, reveló la autoridad electoral al tener contabilizadas el 90% de las mesas en un histórico plebiscito al que fueron convocados 15 millones de ciudadanos, la mayoría cansados de las desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la nación sudamericana.
El Servicio Electoral precisó que, con 6,8 millones de votos escrutados, el 78% sufragó en favor de la opción favorecida por la oposición de centroizquierda de reemplazar la Carta Magna del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y un 20,76% optó por la propuesta de la mayoría del oficialismo derechista de mantenerla.
Los primeros resultados también revelaron que un 79% de los sufragios favoreció que la Ley Fundamental sea redactada por 155 ciudadanos electos, opción planteada por la disidencia, frente a un 20,76% que votó porque sea escrita por 172 personas, la mitad electos y la otra mitad de diputados y senadores en ejercicio.
Los chilenos que votaron en el extranjero también dijeron que quieren una nueva Carta Magna. Más de un 86% voto por el reemplazo. Unos 60.000 chilenos sufragaron en 219 mesas de votación en 65 países.
En un discurso al país, el presidente centroderechista Sebastián Piñera, que se oponía a una nueva Carta Magna, dijo que «este plebiscito no es el fin. Es el comienzo de un camino, que juntos deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile».
El resultado del referéndum es vinculante, es decir, debe ser acatado.
El plebiscito, que se desarrolló en un ambiente de tranquilidad durante casi toda la jornada, tiene lugar a un año del violento estallido social y las gigantescas protestas subsiguientes contra las profundas desigualdades sociales en Chile que empujaron a un acuerdo político que convocó al referéndum, que se vivió en medio de estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia que tiene a Chile con 500.000 contagiados y 13.800 fallecidos.
Empero, al atardecer unos 200 encapuchados se enfrentaban a la policía en la céntrica Plaza Italia. Los manifestantes eran dispersados con gases lacrimógenos y gruesos chorros de agua, pero se volvían a reagrupar. Más tarde, miles de personas empezaron a congregarse con ánimo festivo a la misma plazoleta, escenario de las manifestaciones en la capital chilena.
Un triunfo del «Apruebo» marcaría el inicio de un proceso constituyente que culminaría con un nuevo plebiscito a mediados de 2022 en que los chilenos votarán si aceptan el texto propuesto.
La decisión democrática de escribir una nueva Constitución pondría en el debate temas como cuál debe ser el papel del Estado en derechos como la salud y la educación. La Ley Fundamental vigente desde 1981 marca diferencias entre la salud pública y privada. Lo mismo sucede en la enseñanza. Además, permitió la privatización del sistema de pensiones, que entrega jubilaciones muy bajas para los que tienen menos dinero.
El modelo económico y social de libre mercado fue mantenido por la oposición de centroizquierda que llegó al poder tras la restauración de la democracia en 1990.
Las principales demandas expresadas en las protestas que siguieron al estallido de hace un año expresaron el descontento de una mayoría con las jubilaciones, la salud y la educación, entre muchas otras. Hasta ese momento Chile era considerado como uno de los países más modernos y prósperos de la región, cuando se desconocía la magnitud del descontento social.
También hace un año era impensable reformar la Constitución legada por la época de Pinochet porque exige 2/3 de los votos (66%) de diputados y senadores, porcentaje que no tienen ni el oficialismo ni la oposición.
La exigencia de la mayoría se extiende a otras leyes muy importantes. En Chile el agua puede ser usada por los dueños de los derechos de uso y un intento opositor por transformarla en un bien de uso público fracasó a comienzos de este año porque la oposición no tuvo los 2/3 de los votos. Sí está asegurado el consumo humano.
La oposición buscará enfrentar unida la elección de los constituyentes el 11 de abril de 2021, lo que no logró en la campaña electoral previa al plebiscito. El mismo objetivo perseguirá el oficialismo, que al interior de tres de los cuatro partidos de la alianza gobiernista tuvo sectores que favorecieron cambiar la Constitución.
La nueva Ley Fundamental propuesta por la convención que la redactará deberá ser aprobada o rechazada en un plebiscito con voto obligatorio que será convocado el segundo semestre de 2022.
Si gana el rechazo en el plebiscito del 2022 seguirá vigente la Constitución de la dictadura militar.
