SAN SALVADOR
Agencia AP
Un juez salvadoreño a cargo del caso de la masacre de «El Mozote», en el que los soldados asesinaron a casi un millar de campesinos en 1981, ordenó al presidente Nayib Bukele que le entregue los archivos desclasificados y sustraídos de diferentes unidades militares que contienen información de la matanza.
En la resolución del juez de Instrucción de San Francisco Goterea, Jorge Guzmán, le ordena al mandatario que facilite al tribunal los documentos «según lo expresado por su persona en cadena nacional de radio y televisión de fecha 24 de septiembre del corriente año».
«Otorgase el plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento de lo proveído», señala la resolución del juez Guzmán.
Por ley el presidente debe de cumplir una orden judicial. En caso de no hacerlo, el juez debe informar a la Fiscalía.
El Presidente anunció que había desclasificado los archivos militares de la masacre «El Mozote», pero apuntó que muchos fueron destruidos en los casi 40 años transcurridos desde la matanza y que los entregaría a la Fiscalía General de la República.
«Yo he desclasificado todo lo que queda de los archivos de la masacre de ‘El Mozote’. No estamos escondiendo ni media página, la historia nos dará la razón», agregó.
Pese a que Bukele había prometido que su gobierno entregaría los archivos militares que corresponden a la guerra civil (1980-1992) para robustecer la investigación del proceso penal contra un grupo de militares a los que se involucra en la matanza, la fuerza armada no le ha permitido al juez el ingreso a sus instalaciones.
Más de tres décadas después de la matanza, el juez Jorge Guzmán reabrió el caso —por el que ningún responsable ha enfrentado a la justicia— y está procesando a un grupo de militares en condición de baja que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil de 12 años que concluyó con la firma de los acuerdos de paz de 1992.
La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de unidades de la guerrilla, pero algunos mataron a civiles.
Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley de Amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
