Por DÉBORA REY
BUENOS AIRES
Agencia (AP)
Tras pasar todo el invierno con sus cinco hijas y su marido desempleado en la pequeña casilla de paredes de chapa oxidada y techo de bolsas de nylon en un terreno usurpado, Cecilia Ávila cree que tiene el derecho a quedarse allí y construir un hogar digno.
En el interior de la precaria vivienda de piso de tierra hay una cama matrimonial y otra pequeña, sobre la que yacen cuatro muñecas algo machucadas. También una cocina y algunas cacerolas. Son las únicas pertenencias de la familia de Cecilia, una de las 600 que en julio ocuparon ilegalmente un predio de casi 100 hectáreas en la localidad de Guernica, a una hora de la capital de Argentina.
«Nos dijeron que este lugar no tenía dueño», se defiende la mujer de 40 años, de pelo largo negro y rostro cubierto por un tapabocas rosa. Se instalaron allí porque su marido perdió el empleo en medio de la crisis económica por la pandemia de coronavirus y no pudieron pagar el alquiler de una casa que habitaban en el suburbio de Lanús. El único ingreso de la familia es un subsidio en pesos equivalente a unos 213 dólares que recibe Cecilia al mes como madre desocupada.
Cientos de casillas de madera, cartón y chapa se intercalan con tiendas hechas con bolsas de residuos. Las viviendas están distribuidas en lotes cercados improvisadamente con alambres, ramas secas y cintas de plástico sobre los terrenos ocupados. Los niños corretean por las calles de tierra y otros persiguen pájaros con hondas en busca un alimento. Guernica es una fotografía de la tragedia social que está causando la pandemia en una economía que ya venía castigada y frente a la cual las políticas de asistencia del presidente peronista Alberto Fernández no son suficiente paliativo.
«En una situación que era compleja en Argentina, que es una cuestión estructural que nos viene desde hace décadas, con agravamientos o mejoras, pero que no hemos podido resolver desde hace décadas, nos cae la pandemia. Entonces las capacidades de recuperación y el sacudón a nivel social, económico y calidad de vida de las familias es mucho más serio que en países centrales», dijo a The Associated Press Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Este centro de investigación que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que por la pandemia se perdieron un millón de puestos de trabajo, la mayoría informales, y que la pobreza afectará al 45% de la población. La última medición oficial disponible fue 35,5% en el segundo semestre de 2019.
«Muchas de estas familias (como las que habitan Guernica) han perdido pequeños trabajos que se les denomina changas, trabajos de corto tiempo, con una remuneración muy baja» como venta ambulante, reciclado de basura, limpiar parabrisas de auto en una esquina y que «fueron muy afectadas sobre todo en los primeros meses de cuarentena», describió el experto Donza.
Nelson Falcón es un albañil de 39 años sin empleo desde que la construcción se suspendió en Buenos Aires por el coronavirus y sin ingresos quedó en la calle junto a su esposa y un hijo de 12 años. Sobre los terrenos ocupados se construyó una casa con maderas gastadas, del tamaño similar a las que se ve en los parques de niños, y que resalta en un paisaje de tiendas precarias.
«Teníamos una vida mejor, pero lastimosamente por la pandemia nos quedamos todos afuera», lamentó el hombre. «No sentimos 100% desamparados. Acá la mayoría de los que estamos votó al gobierno. Nosotros queremos comprar el terreno, pero eso acá no existe. La única manera de tener una casa es tomar la tierra».
El ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande y poblado del país, reportó que en este período la policía desalojó 868 tomas ilegales y 524 personas fueron detenidas.
La justicia ordenó desalojar los terrenos de Guernica a partir del miércoles en respuesta a una demanda de su dueño. Sin embargo, a última hora de este martes el juez que lleva el caso postergó la medida para el 1 de octubre mientras las autoridades provinciales negocian una salida pacífica de los ocupantes.
Fernández, un peronista de centro-izquierda, llegó a la presidencia de Argentina a fines de 2019 en gran medida por el desencanto que había provocado el conservador Mauricio Macri tras cuatro años de políticas de ajuste que incrementaron la pobreza y el desempleo.
Secundado en la fórmula por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el mandatario captó el voto de los sectores más vulnerables que anhelaban un regreso de las políticas populistas que son una impronta de las gestiones peronistas.
El gobierno destinó 8% del PIB, unos 975.000 millones de pesos (12.187 millones de dólares) en el primer semestre del año a políticas de protección social para paliar el efecto de la pandemia. El 45% de los hogares del país recibe algún tipo de ayuda del Estado.
Pero la asistencia resulta insuficiente en un contexto de inflación que acumula 18,9% este año y el descontento social empieza a afectar la popularidad de Fernández, que en las últimas semanas ha enfrentado masivas protestas.
El presidente, que al momento de decretar la cuarentena llegó a tener una aprobación superior al 60%, cayó al 41,6%, según una encuesta de la consultora Management & Fit realizada a mediados de septiembre. De los 2.200 casos consultados a nivel nacional, el 56,1% cree que la situación económica estará peor en los próximos meses.
El margen de error de la muestra es 3.5 puntos porcentuales.
«La víscera más sensible es el bolsillo, es lo que termina dominado todo», afirmó Celia Kleiman, directora de la consultora Polldata. «No alcanza con el plan social. Las changas es un empleo informal. Es temporario, alcanza para alimento de ese día y nada más».
En busca de atender las demandas de los más vulnerables, el peronismo impulsa un impuesto extraordinario sobre las principales fortunas del país que empezó a debatirse en el Congreso, donde esa fuerza tiene mayoría. Sin embargo, su anuncio generó todavía más resquemor entre empresarios e inversores, ya preocupados por las políticas intervencionistas sobre la economía como las nuevas restricciones en el mercado de cambios y las importaciones para preservar las pocas reservas en dólares que quedan en el Banco Central.
El entusiasmo inicial por el reciente acuerdo para reestructurar la deuda de 65.000 millones de dólares con acreedores privados contrasta con la decisión de una decena de compañías extranjeras de abandonar el país, entre ellas la cadena de tiendas Falabella y la aerolínea Latam, por una combinación de factores externos e internos.
Donza admitió que los programas sociales fueron un paliativo en esta pandemia, pero «no alcanzan para salir de la pobreza».
«No hemos podido, independientemente de partido político, generar políticas de Estado que apunten a la producción y el trabajo, no hemos logrado consenso en ese sentido. Fueron muy erráticas las políticas y los lineamientos económicos que se implementaron ¿Cuál puede ser el camino? Llamar a un gran consenso del sector productivo y del trabajo», planteó el investigador.
En Guernica, la necesidad apremia.
«Si me sacan de acá me voy a la calle, nosotros nos vamos a ir debajo de un puente porque no puedo pagar alquiler. Apenas puedo comprar la comida para las nenas», lamentó Cecilia.
