POR GISELA SALOMON Y CLAUDIA TORRENS /AP
MIAMI
Lo tenía casi todo listo. Por fin iba a reunirse con su esposo en Estados Unidos, al que hacía 20 años que no veía, y con su hija, de la que llevaba tres años separada.
Washington le había aprobado una solicitud enviada en 2016 para ingresar al país a través de un programa de refugiados. Sin embargo, el brote del coronavirus paralizó todo y la dejó estancada en su casa en El Salvador, recibiendo amenazas de muerte.
«Como pasó lo de la pandemia, aquí me dejaron esperando», expresó la salvadoreña de 55 años que pidió no ser identificada porque ha sido amenazada por pandillas varias veces. «Me da mucha tristeza. Quiero estar con mi familia», dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Santa Ana, a una hora en automóvil de la capital, San Salvador.
Ha pasado más de un año desde que un acuerdo judicial permitió que puedan venir a Estados Unidos familias centroamericanas que ya habían sido aprobadas antes de que el presidente Donald Trump cancelara un programa de refugiados. Sin embargo, la pandemia y un complicado proceso de solicitud han frenado la llegada. Sólo han arribado 338 personas, el 12% de las 2.700 que ya están autorizadas, según datos del gobierno estadounidense.
Una vez en suelo estadounidense su situación es precaria: enfrentan una política migratoria restrictiva que incluye largas esperas para obtener permisos de trabajo y tienen padres protegidos temporalmente por un programa conocido como TPS, que podría desaparecer.
Es la realidad que enfrentan los migrantes que llegan a Estados Unidos en la era del presidente Trump, quien se ha enfocado en limitar el ingreso de extranjeros. Entre otras medidas, los migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo son devueltos a México y desde allí esperan su turno. Gran parte de los más de 60.000 afectados por esa norma son centroamericanos.
«Esta administración lo deja muy claro cada día en todas sus medidas, su política de refugiados, su política fronteriza, sus protecciones de asilo y sus normas de deportación. Deja claro que no le importa la protección» de los inmigrantes, dijo Hans Van der Weerd, directivo del International Rescue Committee, una organización que ayuda a procesar las solicitudes del programa. «Sólo le interesa mantener a la gente alejada de este país».
Trump ha expresado repetidamente que busca frenar un fuerte aumento de migrantes que llegan a la frontera y los casos que no ameritan asilo.
El programa de reunificación familiar -conocido como CAM por sus siglas en inglés- fue creado en 2014 por el entonces presidente Barack Obama para que padres en situación legal en Estados Unidos se reunieran con los hijos que dejaron en Centroamérica. Posteriormente fue ampliado para que también pudieran viajar los acompañantes de esos jóvenes, sin importar su edad.
Trump puso fin al programa en agosto de 2017, pero un grupo de familias peleó esa decisión en las cortes de California.
En mayo de 2019 ambas partes llegaron a un acuerdo que allanó el camino para la llegada de inmigrantes que, como la mujer salvadoreña, tenían sus trámites aprobados cuando Trump finalizó el programa, pero no habían podido viajar. En su mayoría, son personas que temen por su vida en su país.
La señora de El Salvador es dueña de una tienda que no se anima a vender por temor a no poder viajar. Su hija logró llegar a Estados Unidos a través de CAM en julio de 2017, justo antes de que Trump terminara el programa.
La mujer esperaba reunirse con su hija y su esposo en cuestión de semanas, pero no pudo: Trump cerró CAM y pasaron dos años hasta que se reabrió. En enero supo que su caso estaba nuevamente vigente. Lo único que le faltaba era repetir un examen médico que había vencido.
Hasta ahora no ha podido hacerlo porque las clínicas autorizadas por el gobierno estadounidense cerraron debido a la pandemia.
«No esperaba esto», dijo la mujer con voz entrecortada. «Me sentí muy frustrada, triste, yo quiero estar allá», aseguró tras explicar que ha sido extorsionada por pandilleros y ladrones.
En El Salvador, donde vive más del 80% de los beneficiarios de CAM, el gobierno cerró las fronteras en marzo debido al nuevo coronavirus. Desde entonces no hay vuelos internacionales comerciales.
Esa fue la razón por la que a un joven de 24 años le llevó más de siete meses viajar desde El Salvador a Maryland para reunirse con su madre, amparada por el TPS.
Esta familia salvadoreña se enteró en diciembre que el caso del joven había sido reabierto. El chico, que era amenazado por pandillas en su país, realizó su examen médico antes de la pandemia, pero por la falta de vuelos comerciales tuvo que esperar hasta que en julio la embajada estadounidense lo subió en un vuelo humanitario.
Llegó con un permiso de dos años y aguarda ahora conseguir autorización para trabajar. No sabe cuánto demorará porque los procesos son largos.
«Él quisiera trabajar y formar su propia empresa», dijo la madre, de 44 años, quien, debido a la pandemia fue suspendida del hotel de Washington DC en el que trabajó por más de 18 años. La mujer pidió que ni ella ni su hijo fueran identificados por temor a las amenazas de pandilleros que recibe una hija que aún permanece en El Salvador.
A falta de vuelos comerciales, algunos vuelos de repatriación llevan a Estados Unidos a centroamericanos en pequeños grupos.
La pandemia, asegura Estados Unidos en los informes, provocó la cancelación de entrevistas a solicitantes y citas para huellas dactilares. Muchos repitieron el examen médico porque ya estaban vencidos los realizados en 2017 o antes. Más de 150 exámenes médicos que volvieron a hacerse expiraron nuevamente debido a la suspensión de actividades por la pandemia, según el gobierno estadounidense.
«Tenemos familias que prácticamente tenían todo y estaban en el aeropuerto y no pudieron viajar», dijo Rut Méndez, coordinadora en El Salvador del Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores y Trabajadoras (CIMITRA), que ayuda a los beneficiarios de CAM con sus trámites.
Trump recortó drásticamente el número de refugiados que pueden llegar a no más de 18.000 en este año fiscal, una reducción de casi 79% con respecto a los que podían llegar en el último año de la administración de Obama.
El presidente republicano también intenta eliminar el TPS. Debido a múltiples demandas en las cortes se han logrado extensiones, pero no son largas: más de 195.000 salvadoreños y más de 57.000 hondureños podrían ver sus permisos vencidos en enero, lo que dejaría a miles de familias en la ilegalidad.
Lupe, una salvadoreña de 24 años que llegó al estado de Nueva York a través de CAM en julio, teme que su padre pierda el TPS.
«Nos sentimos que en cualquier momento puede alguien tocar la puerta y decir ‘se van'», dijo la joven que prefiere no dar su apellido porque tiene parientes cercanos en El Salvador. «Es una angustia bastante grande».
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