Por CHRISTINE ARMARIO
BOGOTÁ
Agencia AP
Un funcionario de alto nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía la firme sospecha de que el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe, quien ahora está bajo arresto domiciliario, tenía un historial de tratos con paramilitares, según un informe desclasificado sobre sus primeros años en el Ejecutivo.
El documento forma parte de una serie de registros compartidos con The Associated Press por la organización sin ánimo de lucro National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad), que sostiene que es el primero que muestra que la preocupación sobre lazos potencialmente desagradables entre Uribe y grupos armados contratados por adinerados terratenientes para protegerse de las guerrillas llegaron a los niveles más altos del Pentágono.
«Casi con toda seguridad, Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) cuando era gobernador de Antioquia», escribió Peter Rodman, que fungía como alto responsable del Pentágono, a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa durante la presidencia de George W. Bush, en un despacho confidencial en 2004. «Va con el cargo».
La misiva se suma a las sospechas, que Uribe ha negado con vehemencia, de que el hombre al que se le atribuye haber cambiado el rumbo de la larga guerra del gobierno colombiano contra combatientes marxistas se relacionó con actores violentos cuando gobernaba la provincia, donde se encuentra Medellín, en la década de 1990. Estados Unidos declaró a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) organización terrorista extranjera en 2001.
La Corte Suprema de Colombia está investigando denuncias de que Uribe sobornó supuestamente a varios exparamilitares para que se retractaran de acusaciones que le perjudicaban, un caso que ha dividido a la nación e hizo aflorar tensiones por el proceso de paz.
Los documentos no incluyen ninguna descripción específica de interacciones directas entre el expresidente y los paramilitares, y hay poco que demuestre si Estados Unidos intentó determinar si esa relación existió realmente y a qué niveles. Pero docenas de legisladores, incluyendo numerosos aliados de Uribe, han sido encarcelados y condenados por vínculos con paramilitares, lo que establece una clara conexión entre la política y los grupos armados ilegales.
Un vocero de Uribe apuntó en un comunicado que «el único trato que el presidente Uribe tuvo con los paramilitares fue para meterlos en prisión», y destacó varios episodios en los que altos cargos estadounidenses elogiaron su liderazgo y su historial de derechos humanos.
«Cada acción tomada a los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos demostró que nunca ha habido ninguna duda sobre la integridad y el compromiso del presidente Uribe con los derechos humanos y el estado de derecho», agregó en el comunicado.
Los cables diplomáticos estadounidenses, reportes de la CIA y notas de confidentes fueron obtenidos por el instituto de investigación del Archivo Nacional de Seguridad a través de solicitudes en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estados Unidos.
El vistazo a las entrañas de la respuesta del gobierno estadounidense a los primeros años de la presidencia de Uribe (2002-2010) muestra que las autoridades estaban complacidas con su enfoque agresivo hacia los grupos guerrilleros implicados en asesinatos, secuestros y narcotráfico a gran escala. Eran los primeros años tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el gobierno de George W. Bush consideró que derrotar a los rebeldes colombianos estaba en sintonía con su misión de combatir el terrorismo en todo el mundo.
En un informe, un funcionario de alto nivel del Pentágono elogió que el ejército de Uribe hubiese asesinado a 543 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y capturase a 1.063 más en la primera mitad de 2003, un drástico incremento con respecto a su predecesor, Andrés Pastrana. En otro, un funcionario destacó la cobertura favorable que hicieron los medios de comunicación de los triunfos de Uribe en el campo de batalla.
El propio Rumsfeld parecía interesado en aprovechar el momento para «asestar un golpe demoledor a los narcoterroristas», escribió en un reporte en el que ofrecía temas de conversación a un colaborador.
«Al presidente Uribe le quedan apenas unos años para completar esta tarea», agregó.
Pero en los cables hay insinuaciones recurrentes, no tan sutiles, de que el ejército colombiano, aliados claves de Uribe, y posiblemente el propio presidente, habían establecido alianzas con las AUC, el grupo paramilitar paraguas.
Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de 1997 destacó que la cooperación militar con paramilitares había «empeorado mucho» con el general Rito Alejo del Río, quien fungió como comandante de la 17ma Brigada del Ejército hacia el final del primer mandato de Uribe como gobernador. El mismo documento apuntaba que otros dos oficiales «nunca se permitieron implicarse directamente en el fomento o apoyo de actividades paramilitares, pero dieron la espalda a lo que estaba ocurriendo».
Del Río fue sentenciado después a 25 años de prisión por su rol en el asesinato de un líder campesino.
Uno de los registros más reveladores sobre la brutalidad de las AUC apareció en un cable de la embajada de 1997 que detalla una conversación de 90 minutos con Jorge Alveiro Valencia, un dentista, ganadero y legislador conservador suplente. Contó que de las 100 personas asesinadas en su distrito en los últimos años, 10 eran guerrilleros, otros 10 partidarios activos de los rebeldes y el resto «víctimas desafortunadas».
Valencia relató un «asesinato de castigo» en el que los paramilitares mataron a un campesino anciano y celebraron un «funeral» por su cabeza un día, y por el resto del cuerpo al día siguiente.
«Esto es lo malo de los paramilitares (…) Son muy crueles y a menudo van detrás de gente que no lo merece», afirmó, según el cable.
Preguntado por Uribe, Valencia dijo que «odia a la guerrilla» porque asesinó a su padre — algo que los rebeldes han negado — y que tenía relación con ganaderos y terratenientes locales que pagaban a los paramilitares para «perseguir» a combatientes.
Pero también describió a Uribe como «limpio y honesto» y señaló que no estaba implicado con ellos.
Valencia añadió que los paramilitares «lo respetan por su posición contra las guerrillas».
Esa admiración pareció evidente cuando Valencia describió haber sido secuestrado por paramilitares en 1996. Los hombres le ataron las manos a la espalda, apuntaron con rifles a su cabeza y amenazaron con matarlo si no admitía su colaboración con la guerrilla. Él negó cualquier implicación y les ofreció dinero. Sus captores se rieron y respondieron que ya tenían mucho dinero y armas.
Según el cable, Valencia contó al personal de la embajada que lo que le salvó finalmente fueron unos documentos que llevaba en su maletín y que demostraban que conocía a Uribe.
«Oh, conoce a ‘El Viejo'», dijeron supuestamente sus captores.
Como el material incluido en la resolución judicial de 1.554 páginas que decretó el arresto domiciliario de Uribe, no hay pruebas firmes que vinculen al exmandatario con los paramilitares sino más bien una red de conexiones lejanas. Las referencias a Uribe como «El Viejo» también aparecen en esos documentos.
Tras dos mandatos presidenciales, Uribe sigue siendo uno de los políticos más importantes del país. Es ampliamente reconocido, y venerado por muchos, por debilitar a las guerrillas hasta el punto de que optaron por negociar la paz. Pero su popularidad cayó en los últimos años, y un examen más amplio en la sociedad colombiana sobre el conflicto ha resultado en una evaluación más detenida sobre su posible rol en abusos de los derechos humanos.
La Corte Suprema ha llamado a declarar a Uribe en una investigación sobre tres masacres y el asesinato de un activista de derechos humanos mientras avanza con la pesquisa sobre la presunta manipulación de testigos.
Michael Evans, analista del Archivo Nacional de Seguridad, dijo que no hay indicios de que los supuestos vínculos de Uribe hayan tenido impacto alguno en la ayuda que recibe el país de Estados Unidos, que aumentó significativamente durante su presidencia.
«La presunta relación de Uribe con una organización declarada como terrorista por Estados Unidos fueron mucho menos importantes que su desempeño como presidente», afirmó Evans.
El gobierno de Donald Trump ha mostrado su apoyo inquebrantable a Uribe, y el vicepresidente, Mike Pence, elogió recientemente a Uribe como «héroe» en un tuit en el que pedía a las autoridades colombianas que le permitiesen defenderse fuera de los confines del arresto domiciliario.
En la conversación con Valencia, el terrateniente, el nombre de Uribe salió a relucir frecuentemente, aunque el personal diplomático no pareció buscar más detalles sobre sus posibles vínculos con paramilitares. Valencia, quien dejó clara su admiración por Uribe, insinuó una relación indirecta al tiempo que negó la implicación del dirigente.
Describió a los paramilitares como una consecuencia inevitable, aunque terrible, de un conflicto en el que las fuerzas armadas de Colombia no querían o no podían derrotar a los rebeldes por sí mismas.
Los terratenientes, cansados de las amenazas, vieron en la contratación de paramilitares su única alternativa, señaló.
«Todos pagan», dijo.
