LA PAZ, Bolivia
Agencia AP
El gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, decretó calamidad pública en Bolivia por la pandemia del coronavirus con el fin de tramitar un crédito interno para hacer frente a la enfermedad en medio de una escalada de contagios.
La medida se da en medio de una controversia entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del expresidente Evo Morales, que ha rechazado un crédito 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) alegando que está condicionado a medidas de ajuste económico. El organismo internacional negó esta afirmación.
«El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitará ante el Banco Central de Bolivia (BCB) la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación (TGN), a fin de continuar con la implementación de acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos del coronavirus», se lee en el decreto publicado en la página de la gaceta oficial del país.
En el documento no se especifica el monto del crédito pero sí señala que será para atender las «necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus».
El gobierno de Áñez —quien más temprano tuiteó que ha sido dada de alta y ha vuelto al trabajo tras contagiarse de la enfermedad— no logró entablar un dialogo con el partido de Morales. Ambas fuerzas debían analizar temas económicos para encarar la pandemia y los créditos como el del FMI.
El mismo lunes, en la ciudad vecina de El Alto, se vieron largas filas de personas con balones de gas a las afueras de la planta de ese energético tras un contagio masivo del personal operativo, informó en un comunicado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, en un comunicado interior, explicó que todo su personal estaban siendo sometido a pruebas para detectar el virus.
Poco antes, internos de un penal en el centro de Bolivia se amotinaron reclamando mejores condiciones de salud tras la muerte de tres reclusos probablemente de COVID-19.
Los reos se subieron al techo del penal de San Sebastián llevando banderas bolivianas, carteles y un ataúd hecho de cartón en la ciudad de Cochabamba, a unos 250 kilómetros al este de La Paz.
«No más muertos en las cárceles», decían los presos, quienes sostenían letreros exigiendo que tengan un médico para atenderles.
Poco después, la policía montó un cordón con sus efectivos en el perímetro para controlar la protesta, dijo el gobernador del penal, coronel Simón Cuadros. «Son varias peticiones a raíz de la pandemia, principalmente piden asistencia médica y resultados de las pruebas», mencionó.
Las cárceles de Bolivia están siendo golpeadas por la enfermedad. En el penal de San Pedro, en La Paz, fallecieron en dos semanas 23 reos, todos con sospechas de COVID-19, por lo que se hizo un operativo médico del que aún no se conoce los resultados.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) recientemente manifestó su profunda preocupación por la «grave situación de salud en los centros penitenciarios de Bolivia, así como por las consecuencias sociales que ésta está generando dentro de los penales».
En tanto, la fuerza del orden informó que recogió entre el viernes y el domingo 210 fallecidos de domicilios y algunos de la calle con sospechas de haber padecido COVID en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las más pobladas de Bolivia, según dijo el jefe de la policía anticrimen, coronel Iván Rojas. «El 80% son con COVID-19 y sospechosos, es decir, que fallecieron con los síntomas de la enfermedad», agregó.
Según el último reporte del Ministerio de Salud, el país está cerca de llegar a los 70,000 contagios acumulados y 2,583 decesos por el virus.
