JILL COLVIN, LISA MASCARO y ZEKE MILLER
WASHINGTON
Agencia AP
Después de semanas de protestas a nivel nacional por la muerte de George Floyd, el presidente Donald Trump firmó un decreto que —dijo— fomentará mejores prácticas policiales. Pero no hizo mención del actual debate nacional sobre el racismo que surgió tras los homicidios de hombres y mujeres afroestadounidenses a manos de la policía.
Trump se reunió en privado con las familias de varios afroestadounidenses muertos durante interacciones con la policía antes de la ceremonia de firma del decreto en la Casa Blanca, y afirmó que le afligía la pérdida de vidas y la devastación de las familias. Sin embargo, cambio rápidamente de tono y dedicó la mayor parte de sus declaraciones públicas a la necesidad de respetar y apoyar a «los hombres y mujeres valientes vestidos de azul que vigilan nuestras calles y nos mantienen seguros».
El presidente dijo que los agentes que han aplicado una fuerza excesiva son un número «diminuto» de casos entre las «confiables» filas de policías.
«Reducir la delincuencia y elevar los estándares no son metas opuestas», dijo el mandatario antes de firmar la orden ejecutiva, flanqueado por policías.
Trump y los republicanos en el Congreso se han visto obligados a responder con premura a las manifestaciones multitudinarias contra la brutalidad policial y los prejuicios raciales que se han registrado durante semanas en el país debido a las muertes de Floyd y otros afroestadounidenses. Se trata de un súbito giro que subraya la rapidez con que las protestas han modificado la conversación política y apremiado a Washington a adoptar medidas.
Pero Trump, que ha enfrentado críticas por no reconocer los prejuicios raciales sistémicos y por haber defendido antes una mayor rudeza de la policía contra los sospechosos, ha mantenido su postura sobre el «orden público». Durante el acto de firma, Trump arremetió contra quienes escenificaron hechos de violencia durante las protestas predominantemente pacíficas y ensalzó a la vasta mayoría de agentes, a quienes describió como servidores públicos desinteresados.
El decreto de Trump crearía una base de datos que dé seguimiento a los agentes con denuncias de uso excesivo de la fuerza. Muchos agentes que terminaron implicados en incidentes fatales tenían un largo historial de quejas, como Derek Chauvin, el policía blanco de Minneapolis acusado de homicidio por la muerte de Floyd. Esos expedientes a menudo no son hechos públicos, lo que dificulta saber si un policía tiene antecedentes de ese tipo.
El decreto de Trump también dará a los departamentos de policía un incentivo financiero para que adopten mejores prácticas y alentará programas en los que trabajadores sociales se sumen a los agentes que atiendan incidentes no violentos que impliquen situaciones de salud mental, adicción e indigencia.
Trump señaló que, como parte del decreto, se prohibirá a los agentes sujetar a personas del cuello, una técnica de inmovilización que se ha convertido en un símbolo de la brutalidad policial, «salvo si la vida del policía corre peligro». De hecho, la orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a que apremie a los departamentos locales de policía a conseguir la certificación de un «organismo independiente prestigioso y acreditado» sobre las políticas del uso de la fuerza que prohíben aplicar llaves al cuello salvo cuando el uso de fuerza letal esté autorizado por la ley. Someter a alguien por el cuello está prohibido en un gran número de cuerpos de policía a nivel nacional.
Aunque Trump calificó su decreto como «histórico», los demócratas y otros detractores aseguraron que la medida era insuficiente.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que «un decreto modesto e inadecuado no maquillará sus décadas de discurso incendiario y sus recientes políticas diseñadas a revertir los avances que hemos logrado en años anteriores».
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el decreto «se queda corto» de lo que se necesita para combatir la epidemia de injusticia racial y brutalidad policial que han terminado en el homicidio de centenares de estadounidenses de raza negra».
Kristina Roth, de la oficina de Amnistía Internacional en Estados Unidos, dijo que el decreto «equivale a atender una herida de bala con un curita».
