BUENOS AIRES
Agencia AP
La decisión de la justicia de otorgar arresto domiciliario a varios cientos de detenidos en cárceles de Argentina, entre ellos un condenado por crímenes de lesa humanidad y un acusado por violar a una niña, generó indignación entre las víctimas y desató un conflicto entre poderes del Estado que involucra al propio presidente Alberto Fernández.
Las cárceles de Latinoamérica se han vuelto una bomba de tiempo debido a que sus condiciones de hacinamiento y falta de higiene las transforma en un hábitat ideal para la propagación del virus. En las últimas semanas se multiplicaron los motines en reclamo de medidas urgentes.
Un tribunal oral le otorgó el miércoles el beneficio de la detención domiciliaria al exmédico de la Armada, Carlos Capdevila, quien cumple tres condenas de entre 10 y 25 años por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar (1976-1983).
Capdevila, quien asistía los partos de las detenidas en la maternidad clandestina de la ESMA —los nacidos eran luego entregados en adopción ilegal a otras familias—, padece hipertensión arterial, cáncer de próstata y dificultades motrices, argumentó el tribunal para tomar la medida.
Los organismos de derechos humanos habían manifestado su rechazo a que los condenados por crímenes de lesa humanidad reciban el beneficio.
En tanto, también fue enviado a su casa Pedro Olmos, detenido aún sin condena por la violación de una niña de 12 años en 2019.
El juez Víctor Violini, de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, hizo lugar a un hábeas corpus a favor de Olmos porque «no recibe atención médica, sufre de hipertensión y neumonía y tiene osteoporosis».
La familia de la menor, cuyo apellido no trascendió, denunció que Olmos fue trasladado a una vivienda cercana al domicilio de la víctima y que no tiene tobillera electrónica para controlarlo.
La ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta calificó de inadmisible la resolución del juez y advirtió que «revictimiza a las mujeres que ha costado mucho que denuncien».
Con el correr de los días, más detenidos se suman a la lista y movilizó a distintas asociaciones de familiares de víctimas a convocar por redes sociales a un cacerolazo para el jueves bajo la consigna «No los liberen». Desde la oposición, por su parte, denunciaron un plan ideado por sectores del gobierno para liberar a exfuncionarios condenados por actos de corrupción durante los dos mandatos (2007-2015) de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En medio del malestar social, el presidente Fernández —un abogado experto en derecho penal— rechazo lo que calificó como «una malintencionada campaña» para «hacer creer a la ciudadanía que el gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales».
«La solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades», aclaró en Twitter. «Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto».
Desde la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hasta expertos en la materia aconsejaron la excarcelación de los reos menos peligrosos y de los detenidos sin motivos jurídicos suficientes.
En Argentina la superpoblación carcelaria es especialmente grave en la provincia de Buenos Aires, donde las cárceles duplican su capacidad para 25.000 reos.
