MADRID
Agencia AP/Europa Press
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido a los gobiernos de todo el mundo que los «poderes de emergencia» aprobados para combatir la pandemia de coronavirus «no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder».
«Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos», ha subrayado la expresidenta chilena, en un comunicado en el que ha recordado las líneas rojas existentes en el caso de limitar derechos y libertades por razones médicas.
En este sentido, ha avisado de que las medidas deben ser necesarias, proporcionales y no discriminatorias, así como tener una duración limitada, y no afectar a derechos que siguen vigentes en todas las circunstancias como el derecho a la vida o a no ser detenido de forma arbitraria y la prohibición de la tortura y los malos tratos.
Bachelet ha considerado «evidente» que en un contexto como el actual –de «índole excepcional»– los países vean necesario aprobar medidas como el estado de emergencia, pero ha advertido de que, «si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de Derechos Humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado».
Aunque no ha aludido a ningún país en concreto, sí ha dicho contar con «numerosas denuncias» de «diversas regiones» que, por ejemplo, dan cuenta de un uso excesivo de la fuerza, «a veces letal», para hacer cumplir con las normas de confinamiento y los toques de queda.
«Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz», ha ejemplificado.
Bachelet, cuya oficina ha elaborado una guía orientativa de aspectos a tener en cuenta por parte de las autoridades, ha lamentado que han muerto personas «por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles».
La Alta Comisionada también ha cuestionado la detención de «miles» de personas por violar toques de queda, toda vez que supone una práctica «insegura e innecesaria». Las cárceles, ha recordado, «son lugares de alto riesgo y los Estados deben esforzarse por poner en libertad a todos los reclusos que puedan ser excarcelados sin peligro, y no por arrestar a más gente».
Por otra parte, Bachelet ha recordado la importancia del «libre intercambio de ideas e informaciones», ya que lo contrario no solo supone una violación de derechos sino que también da pie a la desinformación. «Los infundios acerca de la COVID-19 son un enorme peligro para las personas, pero también lo son las malas decisiones gubernamentales», ha remachado.
