MADRID
Agencia DPA/Europa Press
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha adentrado en las últimas semanas en una nueva pugna con el Congreso a cuenta de los poderes del Gobierno para combatir el coronavirus, resucitando con ello el conflicto entre ambas instituciones que arrastra prácticamente desde el inicio de su mandato.
Bukele llegó al poder catapultado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) con una Asamblea Legislativa dominada por la oposición donde la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) suman 60 de los 84 escaños, mientras que GANA cuenta solo diez.
Desde el arranque de su Presidencia, el 1 de junio de 2019, las fricciones con la oposición han sido constantes porque se ha presentado como un ‘outsider’ llegado para cambiar los usos y costumbres de los partidos tradicionales, a los que reprocha la corrupción, la pobreza y la violencia.
El primer gran choque de trenes se produjo el pasado 9 de febrero cuando Bukele irrumpió en el Parlamento custodiado por militares y policías fuertemente armados para persuadir a los diputados de que dieran luz verde a un crédito para financiar su plan contra las pandillas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que se abstuviera de «hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y, de manera particular, la separación de poderes».
Con ello, el trámite parlamentario sobre el préstamo de 109 millones de dólares preconcedido a El Salvador por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para «modernizar» las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la bronca política generada en torno al mismo, quedaron en suspenso.
LA PANDEMIA ENTRA EN EL JUEGO POLÍTICO
La irrupción del Covid-19 ha proporcionado inusitadamente el escenario para retomar la lucha institucional. El Salvador es uno de los países menos afectados en el mundo y la región, con unos 200 casos confirmados y menos de una decena de muertos.
Pese a ello, Bukele adoptó rápidamente medidas similares a las impuestas en países como China, Italia o España, entre los más castigados por la pandemia. Así, el 11 de marzo, cuando aún no había ningún caso confirmado en El Salvador, declaró una cuarentena nacional y cerró las fronteras a los extranjeros.
Apenas unos días después, la Asamblea aprobaba, a petición de Bukele, la declaración de la «emergencia nacional» durante al menos un mes para frenar el avance del virus en la nación centroamericana.
Desde entonces, el Ejecutivo ha ido endureciendo las medidas preventivas, lo que ha provocado que el Legislativo se negara hace justo una semana a aprobar una prórroga de la «emergencia nacional» acusando a Bukele de «abuso de poder».
En respuesta, el mandatario salvadoreño firmó el Decreto Ejecutivo 19, que ha sido bautizado por la prensa local como un «régimen de excepción» porque supone restringir tres derechos constitucionales: la asamblea pacífica, la libertad de movimiento y a no ser desplazado del domicilio.
La orden presidencial convierte todo el país en «zona epidémica sujeta a control sanitario», lo cual hace obligatorio el confinamiento en los hogares, establece «responsabilidades civiles y penales» para los infractores y autoriza inspecciones del Ministerio de Salud en «casas o locales, predios públicos o privados».
El decreto ejecutivo ha llegado vía ‘habeas corpus’ a la Sala de lo Constitucional, que ha determinado que el Gobierno no puede detener y sancionar de este modo a quienes violen la cuarentena porque «solo una ley formal», es decir, «un decreto legislativo y publicado en debida forma», puede hacerlo.
Bukele ha calificado de «chiste» la decisión judicial y ha aclarado que seguirá aplicando al «cien por cien» el decreto ejecutivo. «Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño», ha sentenciado en Twitter, su canal de comunicación habitual.
ABUSOS DE LOS DD. HH.
El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha lamentado en la misma red social que para el presidente salvadoreño «todas las opciones son válidas para detener el Covid-19, incluso si son inconstitucionales».
HRW ha publicado un informe en el que culpa a Bukele de promover «el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su Gobierno». El jefe de Estado llegó a decir en una comparecencia que no le importaba si la Policía «doblaba la muñeca» a alguien durante un arresto por violar el confinamiento.
A principios de semana había un total de 4.236 personas detenidas en 87 «centros de contención» del coronavirus, según datos oficiales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador ha recibido 342 denuncias sobre abusos de los Derechos Humanos, 102 vinculadas a «detenciones arbitrarias y excesivo uso de la fuerza».
Los «centros de contención» fueron creados para aislar durante 30 días a los casos sospechosos, pero también se ha empezado a trasladar ahí a algunos detenidos, por lo que están «hacinados» y «no reúnen las condiciones» –no hay un acceso adecuado al agua, la comida y el tratamiento médico–, de acuerdo con la PDDH. Además, Bukele advirtió de que las personas recluidas allí no serían una «prioridad».
HRW ha documentado el caso de Óscar Méndez, un ingeniero industrial de 56 años, que regresó el 13 de abril desde Panamá y fue obligado a guardar cuarentena en una de estas instalaciones. Allí enfermó por lo que le diagnosticaron como una infección urinaria. Cuando su mujer fue a preguntar por él, la informaron de que había muerto. El Ministerio de Salud ha comunicado que tenía insuficiencia respiratoria. La Fiscalía ya investiga lo ocurrido.
CARTA DEMOCRÁTICA
Vivanco ha considerado que «las medidas del presidente Bukele son hoy una de las mayores amenazas a la Carta Democrática» de la región, y, en consecuencia, ha instado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a actuar.
En concreto, le ha animado a activar la Carta Democrática, que contempla «las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática» en el país. En el peor de los casos, puede propiciar la suspensión de la membresía de El Salvador.
«La OEA no puede hacer la vista gorda cuando un líder actúa contra el Estado de Derecho», ha reivindicado. «Debe dejar claro que las garantías de derechos fundamentales y las instituciones siguen en pie, incluso durante una pandemia», ha aseverado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su preocupación por la deriva en El Salvador, reclamando al Gobierno que combata la pandemia «con el pleno respeto de los Derechos Humanos». «La suspensión de derechos debe de atender a los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no efectuarse en forma contraria a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos», ha recordado.
La Asamblea finalmente aprobó el jueves por la noche, horas antes de que expirara la «emergencia nacional», una prórroga de quince días del texto original, tras un intento fallido por parte de ARENA y FMLN de que se aprobara una declaración diferente.
Bukele ha celebrado esta victoria provisional –«La presión funcionó»– y ha avisado a la oposición de que, incluso si consiguen aprobar su «emergencia nacional» alternativa, no permitirá que entre en vigor. «Aprueben lo que quieran, igual será vetado», ha avanzado. «Por más presión que hagan, no regresará el hombre del maletín negro», ha remachado.
