Por MARK SHERMAN
WASHINGTON
Agencia AP
El presidente Donald Trump asegura que es el jefe de policía del país, pero ese título por lo general se le asigna al secretario de Justicia.
Incluso el sitio web de la Casa Blanca está a favor del Secretario de Justicia, al que describe como el «principal funcionario policial dentro del gobierno federal».
Pero la declaración del Presidente es acorde al punto de vista sobre el poder ejecutivo que Trump y sus partidarios han adoptado desde que asumió la Presidencia en 2017. Y algunos expertos legales conservadores creen que Trump está en lo correcto, pero que la mejor política pública es mantener el ejercicio de la ley a distancia.
Varios funcionarios del presidente Barack Obama que permanecieron en sus cargos, describieron las afirmaciones de Trump como peligrosas y legalmente erróneas.
Desde que el juicio político en el Senado finalizó con su absolución, Trump ha pedido clemencia para su confidente convicto Roger Stone, ha despedido a testigos que participaron en la investigación de juicio político, atacó verbalmente a un juez federal y se quejó de que un jurado que votó para condenar a Stone había sido influenciado.
El mandatario ha negado haber intervenido para obligar al Departamento de Justicia a retirar una sentencia recomendada de siete a nueve años de prisión para Stone. El secretario de Justicia William Barr ha respaldado las declaraciones de Trump, y afirma que no consultó con el presidente antes de ordenar que se pidiera una condena menor.
Pero Trump dijo que no habría hecho nada malo si hubiera intervenido. «Tengo permitido de estar involucrado totalmente. De hecho, supongo, soy el principal funcionario policial del país. Pero preferí no involucrarme», dijo a los reporteros.
En esencia, es el mismo mensaje que los abogados de Trump enviaron al fiscal especial Robert Mueller en enero de 2018, cuando se ofrecieron a responder por escrito a las preguntas de Mueller al presidente sobre una posible obstrucción en la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
«Nuestra postura sigue siendo que las acciones del presidente, en virtud de su cargo como el principal funcionario policial, no pude representar, ni constitucional ni legalmente, una obstrucción, porque eso significaría obstruirse a sí mismo, y que podría, si quisiera, poner fin a la investigación, o incluso ejercer su poder de indulto si así lo quisiera», escribió el abogado de Trump, John Dowd.
John Yoo, profesor en la facultad de derecho de la Universidad de California campus Berkeley y abogado del Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente George W. Bush, dijo que la constitución le otorga al presidente el poder que Trump asegura tener.
«Pero aunque el presidente, constitucionalmente, está a cargo, como cuestión de política, los presidentes se han mantenido a distancia del ejercicio de la ley. La neutralidad en ese sentido es importante si el gobierno quiere credibilidad e integridad para convencer a jueces y jurados, quienes son los que a fin de cuentas dictan el veredicto», escribió Yoo en un correo electrónico.
Josh Blackman, profesor de la Escuela de Leyes de South Texas, estuvo de acuerdo con Yoo sobre la autoridad de Trump en procesos penales. «El presidente puede delegar dicha autoridad al secretario de Justicia, pero a fin de cuentas el presidente tiene la decisión final», dijo Blackman en un email.
Sin embargo, los actos más recientes de Trump fueron condenados por más de 2 mil 400 exfuncionarios del Departamento de Justicia que trabajaron en gobiernos demócratas y republicanos. En una carta abierta, señalaron que el libro de reglas de la dependencia para sus abogados exige decisiones imparciales aisladas de cualquier influencia política.
