Por MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR
Agencia AP
A raíz de una crisis política que sacude al país desde hace unos días -luego de que el presidente Nayib Bukele se enfrentó al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo que le permitiría impulsar su plan de seguridad- la pregunta tiene en vilo a quienes consideran que mantener la reducción en la cifra de homicidios en uno de los países más violentos del mundo depende de un acuerdo entre los poderes del Estado.
Aunque no hay manera de comprobar que la baja en los números obedece por completo al plan del mandatario, el tema sí ha sido una prioridad de su gobierno y la disminución de las muertes coincide con su entrada al poder en junio pasado.
A pocos días de asumir, Bukele anunció su Plan Control Territorial para hacer frente a la violencia generada por las maras o pandillas, integradas por al menos 65 mil miembros que operan en barrios y comunidades populosas para realizar actividades de narcotráfico, extorsión y crimen organizado. En pocos meses, dijo el gobierno, el plan iba viento en popa. Aunque el Ejecutivo se resiste a revelar detalles de éste argumentando que la difusión de información podría vulnerarlo, se informó que gracias al despliegue de policías y militares en diversas zonas del país se «recuperaron» territorios en los 17 municipios con mayor criminalidad, se tomó el control de las cárceles con gran influencia de las pandillas y se interrumpió el financiamiento al crimen organizado. Asimismo, se invirtió en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
Cuando Bukele fue juramentado se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.
«Es muy difícil saber si hay una reducción de violencia», dijo a The Associated Press la antropóloga Miranda Cady Hallett, de la universidad de Dayton en Ohio, quien se ha especializado en investigar los factores que causan el desplazamiento por la violencia en El Salvador. «El gobierno ha cambiado su forma de recaudar los datos sobre homicidios y dejan fuera cualquier muerte causada por agentes de seguridad, y eso quiere decir que las cifras actuales no están exactamente comparables con las de antes».
Enero cerró como el mes menos sangriento desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, con un registro de 119 homicidios, un promedio de 3,8 diarios. Soyapango, uno de los municipios más populosos, con gran presencia de pandilleros y con altos índice de criminalidad en los últimos años, no registró ningún homicidio en el mes pasado.
Para el consultor en Seguridad Ciudadana y Tácticas Policiales, Luis Contreras, dijo a la AP que lo que ocurre en Soyapango «se conoce en seguridad como desplazamiento del delito» y podría obedecer a que las pandillas hayan migrado a otras zonas «o estén acorralados» por la presencia permanente de las fuerzas de seguridad.
«Sin lugar a duda hay una disminución en los homicidios, pero también en los delitos contra el patrimonio y esto es por la efectividad de la operatividad que existe de la policía y las fuerzas armadas», agregó por su parte Ricardo Sosa, un criminólogo especialista en temas de seguridad y pandillas.
El gobierno, sin embargo, no se ha mostrado dispuesto a recibir cuestionamientos, y durante la confrontación de hace unos días con el Congreso las tensiones llegaron a un punto límite cuando Bukele llegó al Palacio Legislativo acompañado de militares para presionar a los legisladores y que aprobaran el préstamo que defiende.
La presencia del ejército en el Congreso fue recibió un sinnúmero de críticas dentro y fuera del país, y la misma semana la Corte Suprema le ordenó a Bukele que dejara de utilizar a las fuerzas armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.
El mandatario dijo que acataría la orden, pero las alarmas ya se habían disparado sobre el comportamiento que Bukele demostraba en un país que vivió años de presión militar durante la guerra civil.
«El llamado del presidente Bukele a desplegar policías armados y soldados con rifles en el Congreso de El Salvador para intimidar a los legisladores es muy preocupante. La medida no tuvo precedentes en los casi 30 años desde que el país terminó su sangrienta guerra civil», dijo a la AP Michael Shifter, presidente del centro de investigación Diálogo Interamericano con sede en Washington.
«Este es un revés para la democracia de Salvador y evoca la intolerancia de los gobiernos militares del pasado», agregó Shifter. «La notable popularidad del presidente Bukele y los méritos de su préstamo propuesto para abordar el problema de seguridad del país son irrelevantes y no justifican recurrir a una demostración de fuerza en el parlamento nacional. Tales tácticas de brazo fuerte ponen en riesgo el orden constitucional».
Lo que el gobierno ha dicho sobre el préstamo es que requiere 575,2 millones de dólares para la implementación de las tres primeras fases de su plan entre 2019 y 2021. El dinero vendría del Fondo General de la nación, contribuciones especiales, donaciones y préstamos de organismos financieros internacionales.
La Comisión de Hacienda ya había avalado autorizar al gobierno para negociar un préstamo 109 millones de dólares, pero después la cúpula de los dos partidos mayoritarios –la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)– anunciaron que retiraban su apoyo debido a que necesitaban más información de cómo se usaría el dinero. Y entonces la confrontación estalló.
Ahora, que los planes de seguridad del gobierno estarían el riesgo sin la aprobación que pide el mandatario, la pregunta es si esto afectará las cifras de violencia que venían a la baja.
Para la experta de la Universidad de Dayton, dijo a la AP que no estaba segura de que el financiamiento del plan de seguridad pudiera ser un problema. «No sé si la causa del conflicto sea verdadera, pero sí puedo decir que es una señal de un gobierno que no está funcionando». Explicó que, si la Asamblea no trabaja en conjunto con el presidente, «claro que va a afectar la habilidad del gobierno a llevar a cabo cualquier plan que tenga».
