Por LORNE COOK y CIARÁN GILES
BRUSELAS
Agencia AP

El máximo tribunal europeo concluyó hoy que un exvicepresidente de la región española de Cataluña, en prisión por impulsar un referendo de independencia prohibido, debería tener derecho a la inmunidad parlamentaria.

La decisión de la Corte Europea de Justicia se interpretó como una gran victoria para los políticos catalanes que lideraron el intento de secesión en octubre de 2017, muchos de los cuales estaban en prisión o viviendo en un exilio autoimpuesto como prófugos de la justicia española.

La votación sobre la independencia de la acomodada región en el noroeste de España, donde viven 7,5 millones de personas, provocó la crisis política más grave en España en varias décadas.

En otro veredicto conocido el jueves, un tribunal catalán inhabilitó durante 18 meses para ejercer un cargo público al actual presidente de la región, Quim Torra, por desobedecer a la junta electoral española. La decisión podría provocar la celebración de nuevas elecciones en Cataluña.

La Corte Europea de Justicia, con sede en Luxemburgo, decidió que Oriol Junqueras, que formaba parte del gobierno catalán que siguió adelante con el referendo pese a una decisión judicial, tenía derecho a inmunidad desde el momento en el que fue elegido parlamentario europeo en mayo.

Las personas elegidas como eurodiputados «disfrutan, desde el momento en que se declaran los resultados, de inmunidad» para viajar y participar en las sesiones parlamentarias, señaló el tribunal.

«La justicia ha llegado desde Europa. Se han vulnerado nuestros derechos y los de los 2.000.000 millones de ciudadanos que nos votaron. ¡Anulación de la sentencia y libertad para todos! ¡Persistid como hemos hecho nosotros!», tuiteó Junqueras, de 50 años, tras la decisión.

Junqueras fue condenado a 13 años de prisión por sedición el pasado octubre. Once de sus colaboradores fueron declarados culpables y ocho de ellos recibieron penas de cárcel.

Junqueras estaba en prisión preventiva cuando se declaró que había ganado un escaño europeo. El Tribunal Supremo español se negó a permitir que abandonara la cárcel para acatar formalmente la Constitución Española, un requisito del país para que los políticos puedan asumir sus escaños como eurodiputados.

La comisión electoral española determinó más tarde que su escaño quedaba vacante y suspendió sus prerrogativas parlamentarias.

Sin embargo, la Corte europea señaló que, si bien la ley española determina los procedimientos electorales, el derecho comunitario tiene prioridad cuando una persona es elegida para el Parlamento Europeo, que representa a los 28 estados miembros y tiene sedes en Bruselas y Estrasburgo, Francia.

No estaba claro si el fallo de la corte europea supondría la liberación de Junqueras.

El Supremo español dijo que estudiaría el fallo y dio cinco días a la fiscalía y los abogados de la defensa para presentar alegaciones, indicando que la decisión se tomaría más tarde.

Era probable que su caso sentara un importante precedente para el prófugo Carles Puigdemont, expresidente autonómico de Cataluña y que también fue elegido para el Parlamento Europeo en mayo. Puigdemont se ha instalado en Bélgica y España ha pedido su extradición por sedición y malversación de fondos públicos.

España emitió una orden de arresto contra el expresidente catalán por el referendo de independencia, pero él también ha apelado ante la Corte Europea de Justicia. Un tribunal en Bruselas determinó esta semana que esperaría a conocer el resultado de su caso europeo antes de decidir si extraditaba a Puigdemont.

En su residencia a las afueras de Bruselas, Puigdemont y el exconsejero catalán de Salud, Toni Comin, aplaudieron y vitorearon el jueves al conocer el veredicto junto con otros políticos catalanes que lo seguían por videoconferencia.

«Si podemos estar en el Parlamento Europeo, y lo estaremos, es porque pudimos luchar por nuestros derechos desde un espacio independiente, con garantías legales, que es algo que no ocurre en el estado español», dijo Puigdemont.

Otros miembros del parlamento autonómico catalán que apoyaban a Junqueras celebraron el fallo coreando «libertad».

La decisión judicial en el caso contra Torra llegó tras enfrentamientos durante la noche entre policía antimotines y manifestantes durante un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Las autoridades tuvieron problemas para impedir que los activistas independentistas interfirieran con el encuentro.

El tribunal inhabilitó a Torra para ejercer un cargo público por desobedecer a la junta electoral española, que le ordenó retirar símbolos independentistas de los edificios públicos catalanes durante la campaña de las elecciones generales españolas.

Torra, un férreo defensor de la independencia y del derecho de Cataluña a la autodeterminación, dijo al tribunal que no creía que la junta electoral tuviera autoridad para ordenarle la retirada de los símbolos.

La corte también le impuso una multa de 30.000 euros (33.000 dólares). La Constitución española establece que el país es indivisible.

El referendo de 2017 sobre si Cataluña debería separarse de España registró una victoria abrumadora del «sí», en medio de una operación policial que intentó impedir la consulta. Pero la mayoría de los partidarios de permanecer en España no acudió a votar después de que el gobierno español declarase ilegal la votación.

Las elecciones regionales posteriores reflejaron que Cataluña está dividida a la mitad en la cuestión de la independencia.

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