MADRID/EUROPA PRESS
El Gobierno de Honduras ha decidido hoy suspender a los responsables del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y poner al frente del sistema penitenciario del país a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El Ejecutivo de Juan Orlando Hernández ha tomado la decisión de suspender durante un periodo de seis meses a las autoridades penitenciarias y declarar el estado de emergencia en las prisiones tras una serie de incidentes y muertes en los presidios del país centroamericano.
La orden adoptada por el Consejo de Ministros estipula «intervenir el Sistema Penitenciario Nacional por un periodo de seis meses, que incluya al Instituto Nacional Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, nombrando para tal efecto una comisión interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA)».
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, ha explicado que el Ejecutivo ha llegado a la conclusión «de que lo más necesario en este momento es una intervención y una suspensión de todas las autoridades superiores para que FUSINA asuma la dirección del sistema penitenciario y el manejo de los menores infractores» con el fin de «evitar que continúen estas acciones de violencia y de muerte que hemos visto en los últimos días».
El objetivo, ha explicado el ministro, es lograr crear un nuevo sistema de gestión de las cárceles y los centros de menores en Honduras. «Hay que revisar todo lo que tiene que ver con el proceso de manejo de los internos porque ha existido mucho relajamiento», ha subrayado, según informa la prensa local.
La comisión interventora, según la orden publicada en la Gaceta Oficial, podrá proceder a la suspensión temporal de personal, al término de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considere innecesario, con acompañamiento de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social y la de Finanzas.
De acuerdo con los medios locales, cerca de 20 reclusos han sido asesinados en las cárceles del país en los últimos meses. Las últimas muertes se produjeron el pasado fin de semana durante un amotinamiento en la prisión de La Tolva en el que fallecieron cinco presos. Asimismo, los medios denuncian la presencia de armas y drogas en los centros carcelarios.
