POR JORGE RUEDA Y MAURICIO MUÑOZ/AP
LIMA
Keiko Fujimori, la otrora poderosa líder de la oposición parlamentaria peruana y excandidata presidencial, saldría de prisión para beneplácito de sus seguidores y molestia de sus críticos, que consideran que su liberación alimenta la impunidad de la que han disfrutado los políticos acusados de corrupción.
El Tribunal Constitucional de Perú aprobó esta semana una solicitud de habeas corpus presentada por Sachi Fujimori, hermana de Keiko, con cuatro votos a favor y tres en contra, lo que le permitirá recuperar la libertad tras 13 meses de arresto preventivo.
Fujimori, de 44 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para dos campañas presidenciales, en las cuales resultó derrotada.
Desde 2014, el caso Odebrecht ha estremecido a la élite política y empresarial brasileña y se ha extendido a otros países como Perú.
El futuro de Keiko, empero, es incierto.
«Si bien el Tribunal Constitucional la ha puesto en libertad hoy por tema estrictamente procesal, no la absuelto de ninguno de los cargos» y tampoco desechó las nuevas imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público, por lo que podría volver a prisión, dijo el analista Iván García Mayer.
Otros retos en el horizonte de Keiko son la reconstrucción de su partido y su carrera política, erosionada por los escándalos. La tarea será cuesta arriba si se tiene en cuenta que en sus mejores tiempos no pudo alcanzar el triunfo electoral en sus intentos por convertirse en presidenta de Perú.
Como líder del partido Fuerza Popular logró minar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski azuzando la destitución del ahora encarcelado exmandatario por mentir sobre sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht por casi dos décadas. Pero paradójicamente terminó implicada en la trama de corrupción de la compañía brasileña al revelarse que recibió fondos de la empresa años antes de que quedara al descubierto el caso.
En 2016 Odebrecht reconoció en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda Latinoamérica, entre ellos 29 millones de dólares a políticos de Perú.
La fiscalía acusa a Keiko de lavar 1.2 millón de dólares aportados por Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Las revelaciones de otros empresarios sobre aportes millonarios ilegales a sus campañas, y su intento por ocultarlo, también han impactado negativamente la credibilidad de la legisladora.
A los 19 años y en contra de su voluntad, según ha dicho, Keiko asumió el papel de primera dama tras el traumático divorcio de sus padres, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y Susana Higuchi.
Inició su carrera política llevando sobre su espalda el legado de su padre que, si bien es odiado por muchos peruanos, sigue siendo muy popular en ciertos sectores pese a que fue condenado a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de los derechos humanos.
Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009 por los asesinatos de 25 peruanos a manos de un grupo clandestino de militares durante los primeros años de su gobierno, cuando Perú estaba sumido en la violencia generada por el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Acosado por los escándalos de corrupción y las acusaciones de asesinatos renunció en el año 2000, pero durante su mandato se ganó la admiración de muchos por recuperar la postrada economía peruana y aniquilar a Sendero Luminoso, que ejecutó numerosos ataques terroristas y mató a decenas de miles de personas, la mayoría en zonas rurales.
Keiko se graduó en administración de empresas en la Universidad de Boston en 1997 y regresó a Estados Unidos en el 2000 para obtener un magister en negocios de la Universidad de Columbia. En el ínterin se casó con Mark Villanella, un estadounidense nacionalizado peruano con quien tiene dos hijas.
En 2005 se instaló definitivamente en Perú, se hizo cargo de reconstruir el partido de su padre y un año después fue elegida legisladora con la mayor cantidad de votos en la historia del país.
En 2011 se postuló por primera vez la presidencia y perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala. Cinco años después fue nuevamente derrotada por un estrecho margen por Kuczynski, pero se convirtió en la mujer más poderosa de la política peruana porque su partido dominó de forma abrumadora el Parlamento unicameral.
Desde esa posición la legisladora no tuvo ningún reparo en esmerilar al gobierno de Kuczynski pese a que éste había indultado a su padre, una medida que luego fue revertida por la justicia. Eso le valió severas críticas de fieles fujimoristas y un enfrentamiento público con su hermano Kenji Fujimori, quien hizo esfuerzos por mantener al exbanquero de Wall Street en el poder ayudándolo a esquivar un primer proceso de destitución contra la voluntad Keiko.
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Kuczynski renunció el 21 de marzo de 2018 para evitar un segundo proceso de destitución.
El choque entre hermanos, que incluyó denuncias de tráfico de influencias, expulsiones del partido y escuchas ilegales entre los legisladores, socavaron la figura de Keiko y el Congreso, que acarreaba un enorme desprestigio por presuntamente proteger a funcionarios investigados por corrupción.
«Resulta verdaderamente impresionante la poca pericia política de Keiko Fujimori para entender el contexto y la coyuntura política que tenía por delante, siendo la lideresa de una agrupación que había tenido una mayoría parlamentaria tan importante en ese 2016», señaló García Mayer.
Tras tener 73 legisladores en 2016, el partido se ha quedado sin bancas tras el cierre del Parlamento que siguió a los continuos enfrentamientos con el actual mandatario, Martín Vizcarra.
Muchos ven poco probable que se pueda recuperar esa abrumadora mayoría en los comicios legislativos de enero tras el desprestigio sufrido por Fuerza Popular y Keiko desde 2018.
Desde el punto de vista político, Keiko «está en muy mala posición, es muy difícil que se recupere porque la inmensa mayoría cree que realmente ha cometido actos de corrupción. Todas las revelaciones que hay respecto a los dineros que le dieron para la campaña, aunque no constituyen delito, si afectan gravemente su reputación», dijo el politólogo y sociólogo Fernando Rospigliosi.
«No se va a recuperar en el mediano plazo», acotó Rospigliosi.
Entre los obstáculos para una pronta recuperación también contribuye el «desafecto» que hay en los ciudadanos hacia las élites políticas y empresariales.
Eso se evidenció cuando el sucesor de Kuczynski, Vizcarra, disolvió el Congreso en septiembre argumentando el poder que le otorga la constitución. La medida, aunque polémica, contó con el respaldo de la mayoría de los peruanos.
En los comicios legislativos del 26 de enero de 2020 esa antipatía ciudadana podría expresarse contundentemente en las urnas. Los 130 legisladores que sean elegidos culminarán su gestión el 28 de julio de 2021, la misma fecha en que Vizcarra entregará el mando.
Es difícil vaticinar el futuro político de Perú, pero luego de años de desbordada corrupción muchos exigen una nueva clase dirigente transparente. Al respecto muchos son escépticos.
Los candidatos que se espera se presenten en las elecciones de enero «son gente muy parecida a la que ha habido antes, entonces, no es posible que surja una nueva clase política de la nada, si prácticamente no existen partidos, señaló Rospigliosi.
«Lo que si pude ocurrir en las elecciones del 2021 o en cualquier elección es que surja un caudillo populista que aprovechando el desprestigio de las elites se haga del poder y conduzca al Perú al desastre», advirtió.
