El presidente chileno Sebastián Piñera anuncia la cancelación de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia COP25 sobre Cambio Climático. FOTO LA HORA/RAMÓN MONROY / ATON VÍA AP

POR MICHAEL WEISSENSTEIN /AP
SANTIAGO DE CHILE

El presidente chileno Sebastián Piñera anunció que debido a las protestas que han sacudido el país en demanda de mejoras sociales decidió cancelar las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y mundial del clima que se iban a celebrar en noviembre y diciembre.

“Esta ha sido una decisión muy difícil que nos causa mucho dolor”, dijo Piñera en un mensaje grabado y difundido por televisión.

Agregó que “un presidente siempre tiene que poner por delante las necesidades de sus compatriotas”.

La cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) iba a celebrarse entre el 2 y 13 de diciembre.

La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, señaló en un comunicado que el gobierno de Chile le informó sobre su decisión y ahora explorará lugares alternativos para la cumbre climática.

Uno de los temas principales para la reunión de este año fue establecer reglas que regulen cómo los países pueden trabajar conjuntamente para reducir las emisiones, y no cada nación de manera independiente.

Un funcionario de las Naciones Unidas, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizar a hacer comentarios públicos, dijo que todos los lugares donde la ONU tiene instalaciones serán considerados como opción. Eso incluye ciudades como Nueva York, Ginebra, Bonn, Viena y Nairobi.

Desde hace casi dos semanas miles de manifestantes se vuelcan a las calles en Chile en reclamo de mejoras sociales a pesar de la promesa del gobierno de entablar un diálogo ciudadano, un cambio de gabinete dispuesto por el presidente Piñera y la marcha atrás de algunas medidas que desataron las movilizaciones.

Las protestas comenzaron en rechazo al aumento del precio del metro, siguieron con generalizados ataques a farmacias, supermercados y al propio tren subterráneo –que quedó con menos de la mitad de sus estaciones habilitadas– hasta llegar a las multitudinarias manifestaciones que se viven a diario a lo largo del país.

Los manifestantes demandan mejores pensiones, salud y educación y rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.

Funcionarios chinos y estadounidenses confiaban en concluir un modesto acuerdo comercial a tiempo para que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping lo firmaran en la cumbre de APEC. Bajo ese acuerdo, Estados Unidos acepta suspender los planes de imponer aranceles a importaciones chinas por un equivalente a 250 mil millones de dólares y China aceptaba incrementar las comprar de productos agrícolas estadounidenses.

Sara Larraín, titular de la organización no gubernamental Chile Sustentable, lamentó la suspensión de la COP25 “porque obviamente es una dificultad más para las difíciles negociaciones climáticas internacionales. Pero por otro lado, comprendemos y reconocemos que en Chile no hay respeto por los derechos humanos para que el personal y los delegados extranjeros vengan a una reunión tan larga, de casi dos semanas, en una ciudad como Santiago, que es la más convulsionada por la crisis social”.

Piñera apostó por el cambio de ocho ministros, incluidos los más importantes como el del Interior -responsable del orden público- y el de Hacienda y ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de 11 mil dólares mensuales, rebajas en los medicamentos y la electricidad y una disminución de los salarios de los parlamentarios, que oscilan entre los 27 mil y 44 mil dólares al mes.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló en un informe que durante la vigencia del estado de sitio decretado por el gobierno hubo más de 3 mil 100 detenidos y casi un millar de heridos.

Una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, investiga las denuncias de violaciones durante la represión de las protestas.

Artículo anteriorOEA envía 30 expertos a Bolivia para revisar cómputo electoral
Artículo siguienteDiplomático: Bolton advirtió sobre Giuliani y Ucrania