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El máximo tribunal en asuntos constitucionales de Perú debate en una sesión secreta si admite una demanda para reabrir el desacreditado Parlamento opositor, disuelto hace un mes por el presidente Martín Vizcarra en medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo al gobierno en todo el país.
De acuerdo con las leyes peruanas el Tribunal Constitucional podría aceptar o enviar al archivo la demanda presentada por el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien pide declarar nula la disolución del Parlamento ocurrida el 30 de septiembre y en consecuencia reabrir ese poder del Estado. En esta primera etapa no habrá una decisión sobre el fondo de la demanda y el tiempo para obtener una decisión final podría durar dos o tres meses, según expertos.
“El partido va a empezar, no sabemos cómo va a terminar… hemos entrado a una vorágine cuyo resultado nadie lo puede predecir”, dijo Aníbal Quiroga, un abogado experto en derecho procesal y constitucional a la radio local RPP.
Si el caso de los opositores es aceptado el gobierno será notificado para que conteste de forma escrita a la demanda en un plazo de 30 días. Después habrá una audiencia pública para escuchar a los abogados del gobierno y del disuelto Congreso. Treinta días después el Tribunal debería emitir una sentencia, lo cual podría ocurrir poco antes o días después del 26 de enero, fecha de las elecciones para elegir al nuevo Parlamento unicameral que reemplazará al Congreso cerrado.
Vizcarra argumenta que disolvió el Parlamento opositor usando los poderes que le otorga la constitución, pero los opositores afirman que no se han respetado las leyes.
El presidente había pedido al Parlamento que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder, pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un miembro de la mencionada corte, por lo que Vizcarra ordenó su cierre.
De acuerdo con la Constitución el Parlamento de 130 miembros ha quedado reducido a 27 que conforman una comisión permanente que sólo tiene atribuciones para recoger todos los decretos supremos con los que Vizcarra gobernará hasta el 26 de enero de 2020, cuando se elegirían los nuevos parlamentarios.
El disuelto Congreso estaba desprestigiado por la férrea defensa de algunos de sus integrantes investigados por corrupción. La líder del partido dominante, Keiko Fujimori, está detenida mientras es investigada por un presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht.
