Por GONZALO SOLANO
QUITO
Agencia AP
Los principales gremios de sindicalistas que se oponen a reformas laborales impulsadas por el gobierno se sumaron el miércoles a la paralización de actividades en Ecuador, hasta ahora encabezadas por indígenas y transportistas en rechazo a un incremento de los precios de los combustibles.
Los trabajadores tienen previsto realizar el miércoles una marcha en Quito y otras ciudades, en momentos en que el gobierno del presidente Lenín Moreno enfrenta importantes presiones con manifestaciones diarias en contra de varias medidas con las que ha dicho que busca enfrentar las dificultades económicas del país.
Entre las nuevas disposiciones están la racionalización de los costos de despidos, permitir la contratación por horas o tiempo parcial y establecer salarios mínimos para jóvenes y jornaleros agrícolas, entre otros, las que han sido rechazados por los sindicalistas que aducen que es una forma de precarizar el trabajo.
El mandatario también eliminó un subsidio a los combustibles por 1 mil 300 millones de dólares para equilibrar las finanzas públicas, con lo cual el precio de la gasolina pasó de 1.85 dólares el galón a 2.39, y el diésel de 1.03 a 2.30 dólares.
Pese a las protestas, Moreno dijo la víspera que no ha pensado en renunciar a su cargo, que inició un diálogo con el sector indígena y que no dará marcha atrás a las decisiones tomadas.
Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que convoca a la huelga del miércoles, calificó las medidas como “reformas regresivas” e “ilegales”. En declaraciones a The Associated Press, dijo que “el gobierno premia a los empresarios, a la banca, un paquete donde alza los pasajes y el pueblo está indignado y por ello las huelgas y los paros. Recién ahora buscan dialogar. Todo lo hizo sin participación de los trabajadores”.
Ecuador registra un desempleo de 4.5% empleo informal, como el de los vendedores callejeros, de más del 49.6%, entre otras razones por la crisis económica fiscal que ha ralentizado las finanzas del estado y del aparato productivo privado.
“A me gustaría seguir estudiando, recién me gradué del bachillerato, y quisiera estudiar algo en la universidad para ser alguien en la vida, con las nuevas leyes ya habrá como estudiar y trabajar. También quisiera que ya se acaben estas protestas y lo que nos han dejado sin transporte ni poder salir a buscar trabajo”, dijo a la AP Karol Portilla, madre soltera de 22 años y en el desempleo.
Desde hace una semana, buena parte de Ecuador está virtualmente paralizado por las protestas tanto en sectores urbanos como rurales.
Para Luis Villa, de 54 años, quien tiene un negocio propio de instalación de ventanas, la situación debería resolverse mediante el diálogo.
“Ya es hora de que el gobierno no sea tan necio y se siente a conversar, pero también los indígenas deberían hacer lo mismo, no llegar a causar daños, saqueos y robos. Nosotros queremos trabajar, porque si no trabajamos no comemos”, dijo.
Los problemas comenzaron hace una semana luego del anuncio de las reformas por parte del gobierno. Inicialmente los transportistas dejaron sin servicio a las ciudades y sin recorridos interprovinciales, luego tomaron la posta estudiantes con protestas callejeras y finalmente se sumaron los indígenas, que bloquearon carreteras y por miles llegaron a la capital, en medio de episodios de saqueos, de violencia y de enfrentamientos con la policía.
El mayor opositor de Moreno, su ex amigo y aliado, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), ha pedido adelantar elecciones e incluso se ha mostrado dispuesto a participar en ellas, aunque no está claro si podrá hacerlo ante la serie de juicios, principalmente por acusaciones de corrupción por parte de la fiscalía.
Ante ello, Moreno decretó la semana pasada un estado de excepción nacional, que restringe derechos ciudadanos. Ese mecanismo se usa con cierta frecuencia en el país incluso como a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles. También trasladó la sede de gobierno a Guayaquil.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, ha advertido que mientras el régimen no derogue las medidas no depondrán las movilizaciones en todo el país, caracterizadas por bloqueos de carreteras, incluida la Panamericana.
Debido a los problemas el país pierde más de 220 millones de dólares diarios, están suspendidas las actividades en escuelas, colegios y universidades mientras que varios pozos petroleros petrolíferos dejaron de producir por la toma de manifestantes lo que bajó cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560 mil barriles diarios.
Las autoridades confirmaron 19 heridos de diversa magnitud y 676 detenidos durante las protestas que causaron desabastecimiento de alimentos en mercados de algunas ciudades.
