Por GONZALO SOLANO
QUITO
Agencia (AP)
Los ecuatorianos enfrentaban hoy un período de incertidumbre debido a la falta de transporte público de pasajeros en las grandes ciudades y de carga para abastecer los mercados por los bloqueos y la movilización que protagonizan miles de indígenas como rechazo al alza de los precios de los combustibles.
El mandatario Lenín Moreno decidió retirar la semana pasada el subsidio estatal de 1.300 millones de dólares al precio de la gasolina y el diésel a fin de equilibrar la caja fiscal que arrastra un permanente déficit causado por el alto endeudamiento generado especialmente durante la pasada administración de Rafael Correa (2007-2017), según el gobierno.
La elevación de los precios de los carburantes encendió las protestas en la nación andina. Los indígenas bloquearon vías y se enfrentaron con palos y piedras a militares y policías, incluso, capturaron una tanqueta de los uniformados y la incendiaron, al abrirse paso el lunes hacia la capital.
Los indígenas se han apostado en un parque del centro norte quiteño e impiden que cualquier persona que no sea de sus comunidades se aproxime a ese punto, mientras que otros cientos seguían llegando a la capital armados con palos y en actitud belicosa.
Ante tales circunstancias, Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas, al tiempo en que volvió a invitar al diálogo a los dirigentes de las protestas.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que «no queremos derramamiento de sangre, no queremos víctimas, no queremos vandalismo innecesario, si el movimiento indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga en forma pacífica, el momento en que haya las condiciones necesarias para evitar un derramamiento de sangre el presidente (Moreno) volverá a Quito».
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, Jaime Vargas, afirmó que “hemos dicho que no habrá diálogo mientras no se deroguen (las medidas económicas) … condenamos que ha habido un grupo de personas, que creo que son infiltrados del mismo gobierno… que han tratado de desacreditar, de manchar la imagen política y de lucha del movimiento indígena”.
El canciller José Valencia, en una reunión con corresponsales acreditados, informó el martes que los representantes en Ecuador de las Naciones Unidas comunicaron su disposición “para propiciar un diálogo que permita encontrar acuerdos entre sectores sociales y el estado ecuatoriano”.
El analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia – Vancouver, dijo a la Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad”.
De acuerdo con el analista, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.
La subida del precio de los combustibles ocasionó que desde la semana pasada los transportistas dejaran sin transporte al país desde el jueves, luego se sumaron los estudiantes y finalmente, los indígenas que mantienen interrumpida la circulación vehicular en varias vías, incluida la Panamericana. En la capital los supermercados lucían con estantes vacíos o con pocos alimentos.
Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
El ministerio de Energía dijo que la noche del lunes un grupo de personas se tomaron las instalaciones de control del principal oleoducto del país y atacaron otras instalaciones petrolíferas, generando una paralización por casi dos horas y media e impidió el bombeo de 36.239 barriles de petróleo, lo que causó pérdidas por 1,7 millones de dólares y señaló que el hecho fue denunciado a la fiscalía como sabotaje.
Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción, en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario.
No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez que se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.
Las actividades escolares de escuelas, colegios y universidades están suspendidas en la región andina, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal.
Los hechos traen a la memoria de los ecuatorianos las violentas protestas sociales del 2005 que llevaron al entonces presidente Lucio Gutiérrez a dejar el poder en medio de críticas a su gestión.
