POR GONZALO SOLANO/AP
QUITO
Las autoridades ecuatorianas detuvieron en la capital a un dirigente nacional de los taxistas y en el sur del país a dos líderes transportistas regionales por afectar el servicio público, el cual seguía por segundo día consecutivo sin operar en medio de una huelga con la que gremios buscan presionar al presidente por eliminar el subsidio a los combustibles.
El presidente Lenín Moreno ratificó en rueda de prensa que no dará marcha con la medida.
Autobuses y camiones militares, con custodia de uniformados, salieron a las calles de las principales ciudades para ofrecer servicio de transporte público y para despejar las vías con el propósito de normalizar la situación.
En Quito las personas tuvieron que utilizar un atestado transporte municipal, o caminar hacia sus trabajos, mientras otros pedían el apoyo de gente con autos que los llevara. Ocasionalmente algunos taxis se veían en las calles, en aparente desafío a su gremio que llamó a todos sus integrantes a dejar de trabajar.
“No se me pida que cambie con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana, aproximadamente 60 mil millones de dólares ha perdido el pueblo ecuatoriano por el subsidio en estos años, eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia”, dijo Moreno.
Añadió que “habrá mecanismo para paliar el efecto que pueda tener en algunos sectores, claro que sí, y estamos dispuestos a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida”.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que “se ha logrado que vaya bajando la intensidad de la agresión y de la violencia. En números significa que teníamos registradas 200 actividades de protesta y manifestaciones, en la noche se intensificaron a 291 actividades… para hoy no pasan de 100”.
Añadió que la ciudadanía se ha dado cuenta de que “no puede ser manipulada por agitadores sociales”.
Las cámaras de empresarios estimaron que la paralización está causando pérdidas por 262 millones de dólares diarias.
Moreno decretó la víspera el estado de excepción para enfrentar la huelga que derivó en enfrentamientos. La mañana del viernes, algunos bloques y restos de llantas quemadas en algunas calles eran los rastros de los choques del jueves.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo informó que Jorge Calderón, dirigente nacional de taxistas, fue detenido acusado de paralización de un servicio público, mientras la Fiscalía de Ecuador en su cuenta de Twitter informó que detuvo a dos dirigentes de transportistas de la provincial Azuay, al sur del país, bajo la misma acusación.
Las autoridades confirmaron que se han registrado cerca de 350 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
En Quito, los dirigentes nacionales del transporte mantuvieron la noche del jueves una reunión, inicialmente sin resultados, con las autoridades a fin de buscar una salida a la situación.
El estado de excepción estará en vigor por 60 días en todo el territorio nacional.
En este país es más o menos usual que el gobierno utilice el estado de excepción. La última vez se decretó a mediados de año cuando riñas y protestas en las cárceles ocasionaron la muerte de varios presos.
Con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, Moreno decidió esta semana eliminar los subsidios que significaban un gasto de 1 mil 300 millones de dólares anuales, por lo que la gasolina de mayor uso en el país pasó de 1,85 dólares a 2,39 dólares el galón mientras que el diésel subió de 1,03 a 2,30 dólares el galón.
Moreno, que asumió en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía nacional.