Washington/EFE
Los inmigrantes que aguardan en México una respuesta a su petición de asilo en EE. UU. están expuestos a «crímenes graves» en ese país, como ha quedado patente en las audiencias que se desarrollan desde esta semana en Texas (Estados Unidos).
Desde el lunes, las localidades de Laredo y Brownsville (Texas) son escenario de audiencias con jueces migratorios en carpas instaladas por EE. UU. para atender a decenas de solicitantes de asilo que han debido acogerse al Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), más conocido como «Permanezcan en México».
«El Protocolo de Protección a Migrantes no ofrece nada de protección», aseguró a Efe Ursela Ojeda, asesora de Políticas, Derechos y Justicia de los Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas.
«Durante la espera de sus procedimientos legales, estas personas pueden entrar en Estados Unidos solo para sus audiencias y después son retornadas a México para seguir esperando su proceso», detalló la experta, quien estimó que unos 45 mil migrantes han sido devueltos a territorio mexicano.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) indicó en septiembre pasado que la cifra de migrantes devueltos ascendía a 42 mil.
«Las ciudades en el norte de México son muy violentas, no son seguras para migrantes y sabemos que más de 240 de los migrantes en el programa han sido víctimas de crímenes violentos en México, como violación, secuestro, abuso sexual, ataque violento…», alertó.
Ojeda dijo que había escuchado durante las audiencias a un hombre preocupado por regresar a México, ya que, según él, sus compañeros habían desaparecido.
«Hay otras personas de otros países, de Venezuela y de Honduras, que han sido secuestradas viniendo a la corte, o sea, viniendo a la puerta de entrada de Laredo para pasar por la audiencia ese día», apuntó esta jurista, que aseguró haber visto a al menos 15 personas que confesaban al juez su temor de regresar a México.
La política de PPM permite a EE. UU. devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo (sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EE. UU., un proceso que puede durar años.
Esa norma empezó a aplicarse a comienzos de este año en tres puntos de entrada a EE. UU. en la frontera común y, en junio, como parte del acuerdo migratorio alcanzado con la Casa Blanca, México accedió a expandir su implementación a lo largo de toda la zona limítrofe.
A juicio de Ojeda, las personas que son parte de este programa «están sufriendo violaciones en sus derechos humanos», especialmente porque muchos no tienen un lugar seguro donde permanecer y pocos medios para sostenerse.
«Lo más grave es que bajo este programa no es posible recibir el debido proceso a los casos migratorios», alertó la experta, quien consideró esta iniciativa como «una farsa», debido a que viola además las leyes estadounidenses y la Convención de los Refugiados.
No obstante, advirtió de que este es solo uno de los obstáculos creados por la Administración de Donald Trump para quienes piden protección, e incluso citó un estudio según el cual el 99 % de las personas en este programa no tiene abogado y apenas tres de las 45 mil retornadas a México han recibido asilo.
Sobre las audiencias desarrolladas esta semana, Ojeda explicó que los inmigrantes «no están en la misma sala con el juez», situación muy distinta a la ocurrida en cortes de inmigración en San Diego (California) o El Paso (Texas).
Ahí, explicó Ojeda, «la gente estaba en la misma sala y el juez tenía que verles con sus propios ojos. Esta ha sido la diferencia».
Aun así hizo hincapié en que lo que no está cambiando es que la gente sujeta a este programa está «sufriendo crímenes graves en México».
Durante las audiencias de esta semana, la jornada se ha iniciado temprano, entre las 04.00 y las 04.00 hora local (21.00 y 21.30 GMT), para muchos inmigrantes que debían presentarse en la zona donde se encuentran las carpas, aunque solo se les permitía el acceso a partir de las 08.00 hora local (13.00 GMT).
«He escuchado de otros abogados que están representando a la gente en la corte que no tienen suficiente comida ni bebida allá, y los pobres chicos tienen que estar por muchas horas esperando audiencias», detalló Ojeda, quien comentó que solo el miércoles supo de una jueza que atendió 56 casos por la mañana, mientras que otro magistrado tenía asignados 100 en la tarde.
