MANAGUA
AP
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció ayer la muerte de al menos 17 campesinos opositores del norte del país presuntamente a manos de policías y paramilitares.
La presidenta de esta ONG, Vilma Núñez, dijo en rueda de prensa que todas las personas murieron de forma violenta y tenían en común ser contrarios al gobierno de Daniel Ortega o haber participado en protestas sociales durante 2018, de acuerdo a un estudio realizado por esa organización.
Entre las víctimas hay cuatro personas de una conocida familia opositora de la norteña provincia de Jinotega que fueron asesinados entre enero y junio. A tres de ellos los mataron en Honduras, donde según los testimonios recabados por el Cenidh, sicarios sandinistas cruzaron para ejecutarlos.
La prensa local ha reportado más de 30 asesinatos en áreas rurales desde enero pasado y, entre ellos, el Cenidh investigó y documentó 17, “todos acribillados a balazos en la zona norte de Nicaragua”, con declaraciones de diversos testigos, fotografías y testimonios de familiares.
El gobierno no hizo referencia inmediata a estas acusaciones y tampoco respondió de forma inmediata a un comentario solicitado por The Associated Press. En sus habituales declaraciones de mediodía, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, se limitó a asegurar que el ejecutivo promueve una cultura “de paz”.
El informe del Cenidh dice que en varios casos donde la familia pidió investigar, la policía dijo que no lo haría porque las muertes eran por «enemistades» o «rencillas personales».
También asegura que varios asesinatos se realizaron con altos niveles de «odio y saña», según videos y fotos en su poder que mostraban heridas por arma de fuego en cráneo y tórax, rostros desfigurados a golpes hasta quedar irreconocibles, orificios de bala en brazos y espalda y cortes de arma blanca en el abdomen, lo que hace pensar en torturas previas a la muerte.
Núñez dijo que, al margen de los 17 casos documentados, otros campesinos fueron asesinados con armas blancas, “lo que evidencia un aumento de los niveles de violencia en las zona rural, que coincide con la presencia de grupos parapoliciales afines al régimen”.
Según la activista, esos hechos se inscriben en una «nueva fase represiva» del gobierno para acallar las voces disidentes y que incluye acciones de “asedio y hostigamiento” a líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos jóvenes que estuvieron presos tras las protestas o excarcelados que han sido “retenido e interrogado ilegalmente” durante viajes a Costa Rica.
La rueda de prensa del Cenidh se realizó en un hotel capitalino frente al cual la policía desplegó varias patrullas y decenas de efectivos antimotines.
Horas antes, dirigentes opositores denunciaron que sus casas fueron manchadas con las palabras “vigilado” y “plomo” (muerte) en la ciudad de León el jueves por la noche.
“Los delincuentes motorizados llegaron al sitio a realizar pintas, ocasionaron daños en algunas puertas y se robaron las cámaras de seguridad de mi casa”, dijo el político José Pallais, miembro del consejo ejecutivo de la Alianza Cívica, que participó en negociaciones con el gobierno este año.
También la vivienda del estudiante excarcelado Nahiroby Olivas, en la misma ciudad, fue manchada por desconocidos que destruyeron parte de la puerta y la cerradura. “La noche de ayer algunas familias (incluyendo la mía) sufrieron la ‘paz’ que promulga el sandinismo”, denunció el joven vía Twitter.
El presidente Ortega enfrentó una ola de protestas en 2018, que el gobierno atribuyó a un «fallido golpe de Estado». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que 325 civiles murieron y más de 2 mil resultaron heridos a manos de policías y paramilitares durante la «represión estatal» de las protestas.
