POR CEDAR ATTANASIO Y JULIE WATSON/AP
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO
Con la luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump comenzó este jueves a aplicar una nueva normativa radical que deniega el asilo a casi todos los migrantes que lleguen a la frontera sur, medida que podría propagar la desesperación entre las personas que han huido de la pobreza y la violencia en sus países.
Una portavoz de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los casos de asilo dijo que la política será retroactiva al 16 de julio, cuando se anunció la normativa.
La nueva política permite denegar el asilo a cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en alguno de los países por los que haya transitado en su viaje a Estados Unidos. El miércoles en la noche, la Corte Suprema allanó el camino para que el gobierno ponga en marcha su normativa mientras prosiguen las impugnaciones judiciales.
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UNA SENTENCIA DE MUERTE, SEGÚN ASOCIACIÓN
Los migrantes que llegan por tierra a Estados Unidos desde sitios como Honduras, Guatemala y El Salvador ya no podrán pedir asilo, lo mismo que cualquier africano, asiático o sudamericano que trate de ingresar a suelo estadounidense a través de México.
“Nuestra Corte Suprema está sentenciando a la gente a muerte. Y no hay garantías, no hay instituciones que paren esta crueldad”, dijo la organización Al Otro Lado de ayuda a los migrantes en un comunicado.
El gobierno mexicano describió el fallo como “impresionante”. Las repercusiones de la nueva política podrían recaer con mucha fuerza en México, porque les dejará a miles de migrantes pobres y desesperados que ya no tendrían esperanzas de ser admitidos en Estados Unidos.
Mark Morgan, comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la decisión de la Corte Suprema representaba una “gran victoria” del gobierno de Trump en sus esfuerzos por contener la llegada de migrantes.
“Nuestra Corte Suprema está sentenciando a la gente a muerte. Y no hay garantías, no hay instituciones que paren esta crueldad”
Organización Al Otro Lado
LA REALIDAD SOBREPASA A LOS SOLICITANTES DE ASILO
En Tijuana, la hondureña Dunea Romero, de 31 años, comenzó a llorar ante la idea de que no le concedan el refugio en Estados Unidos. Dijo que hizo una maleta y huyó de su casa con sus dos hijos, de 7 y 11 años, después de escuchar que su exesposo, un poderoso jefe delictivo, iba a ordenar que la mataran.
«Lo hice por no perder la vida. No quise dejar mis niños sin mama», afirmó.
Un nicaragüense que ha estado esperando en Ciudad Juárez para solicitar asilo en Estados Unidos podría ser de los afectados por la medida. Dijo que huyó de su país tras participar en varias acciones de desobediencia civil contra el gobierno.
Cruzó Honduras camino al norte, lo que implica que tendría que volver a esa nación sacudida por la violencia para pedir asilo bajo la nueva directiva. Pidió que no se usase su nombre porque declaraciones suyas difundidas por la prensa en el pasado generaron represalias contra parientes en Nicaragua, dijo.
“El presidente de Nicaragua es amigo del presidente de Honduras, y lo que podría hacer el presidente de Honduras es enviar de vuelta a los nicaragüenses a su país”, manifestó. “Si vuelvo a Nicaragua, sería procesado por los delitos que se me imputan: terrorismo y alta traición al gobierno de Nicaragua”.
En Tijuana ayer por la mañana, Ngoh Elliot Takere, de Camerún, estaba a sólo unos metros de territorio estadounidense y se sentía abrumado por la frustración tras enterarse de que se le podría denegar la entrada. Lleva dos meses esperando en México a que convoquen su número para que pueda solicitar el asilo.
Este fabricante de muebles de 28 años dijo que se fue de su país, que está en guerra, después de ser detenido por la policía por ser parte de una minoría angloparlante. Fue liberado con la condición de que se vaya del país porque de lo contrario sería asesinado, según dijo.
Afirmó que los militares quemaron la casa de su familia y mataron a su madre.
Al mencionarse la posibilidad de que Estados Unidos no acepte su solicitud de asilo, respondió: “No puedo pensar eso”
“En Estados Unidos sé que recibiré protección”, agregó.
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PERO LA TENDENCIA HA SIDO OTRA
El gobierno estadounidense ha regresado y obligado a unos 45 mil migrantes a esperar en México la decisión final sobre sus solicitudes de asilo, pero ahora dentro de las nuevas reglas de una política más estricta del gobierno de Trump.
La nueva normativa sobre asilo representa un cambio a una política estadounidense en vigor desde hace décadas.
Las personas que piden asilo son sometidas a una prueba inicial llamada entrevista de “miedo creíble” de volver a su país, un obstáculo que la mayoría supera. Con la nueva política no se les hará esa prueba a menos de que hayan pedido asilo en algún otro país por el que transitaron y se los hayan denegado. Se les iniciaría un proceso de deportación rápida y serían trasladados a sus países. Estados Unidos se hará cargo del transporte.
Morgan sostuvo que el gobierno de Trump está “haciendo todo lo que puede” para enfrentar lo que describió como la crisis de la frontera.
Los migrantes con solicitudes válidas “deberían pedir ayuda y asilo en el primer país al que llegan”, expresó Morgan en Fox News. “No deberían pagarles a los carteles miles de dólares y arriesgar sus vidas para hacer un recorrido de 1 mil 600 kilómetros a través de varios países para recibir ayuda”.
«Lo hice por no perder la vida. No quise dejar mis niños sin mama»
Dunea Romero, migrante de Honduras
Genera preocupación política contra asilos
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo días atrás que las políticas inmigratorias de México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos le provocaban temor debido al “riesgo creciente de violaciones de los derechos humanos y abusos” que sufren los migrantes.
Preguntado acerca de esas declaraciones ayer. El canciller mexicano Marcelo Ebrard, dijo que su país compartía esos temores y había pedido una reunión con la oficina de Bachelet para intercambiar información.
El canciller también explicó que, a cambio del trabajo en inmigración, México le solicitó a Estados Unidos ayudar a frenar el flujo de armas que llegan a territorio mexicano, donde actualmente se registran más asesinatos de los que hubo en al menos 20 años.
Ebrard dijo que en el 70% de los crímenes cometidos con armas en México entre enero y junio se utilizaron armas adquiridas en Estados Unidos.
El diplomático informó que México expuso que el tráfico de armas en la frontera tiene para su gobierno la misma prioridad que para Estados Unidos el tema de la migración. Ambas partes acordaron formar una comisión binacional para evaluar los avances en el tema.
Ebrard detalló que México propuso que Estados Unidos comience operaciones en los cruces fronterizos en San Diego, así como en El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville, todas ciudades de Texas. El canciller dijo que 41% de las armas usadas en crímenes y recuperadas en México han sido rastreadas hasta Texas.
