POR GABRIELA SELSER /AP
MANAGUA
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo ayer que su gobierno “no ha renunciado” a un posible canal interoceánico en el sur del país, un proyecto de 50 mil millones de dólares que fue anunciado hace seis años, pero cuya construcción nunca se inició.
Durante un acto para conmemorar el 40mo aniversario de la Fuerza Naval, Ortega sacó a relucir el controversial tema del canal después de casi dos años sin tocar el asunto. Ningún otro funcionario público tampoco había hablado del proyecto.
“Nosotros no hemos renunciado, al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua”, afirmó el gobernante, mostrando mapas del siglo antepasado en el que se trazaron las primeras rutas canaleras de Centroamérica.
Sin dar explicaciones sobre la demora del proyecto, el mandatario de 73 años dijo que «estaba en una fase de preparar nuevamente los estudios medioambientales” a los que había que “hacerle ajustes”.
“Está (vigente) nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal por Nicaragua”, insistió.
En 2013, el gobierno de Ortega otorgó al empresario chino Wang Jing y a su consorcio HKND la concesión para construir y operar un canal interoceánico en el sur de Nicaragua durante un plazo de 50 años, con una posible extensión por 50 más. En su momento se anunció que la obra tendría un costo de 50 mil millones de dólares.
El anuncio desató las primeras grandes protestas campesinas contra el actual gobierno sandinista, en el poder desde 2007.
Los campesinos denunciaron que el proyecto pretendía “expropiar sus tierras” a más de 50 mil habitantes del sur del país.
En abril de 2017, Ortega renovó el permiso ambiental para que HKND continuara con el proyecto, después de que el gobierno publicó el llamado «Libro Blanco sobre el Proyecto de Canal Interoceánico» cinco meses después de revalidar la licencia.
En su mensaje ante los militares, Ortega dijo que le ofreció al entonces presidente Barack Obama la oportunidad de que empresas estadounidenses se sumaran al proyecto, «porque era muy costoso», pero que no tuvo ninguna respuesta.
La Ley 840 en su artículo 15.2 establecía un plazo de seis años para dar por cerrado el acuerdo canalero en caso de no obtener el financiamiento requerido, fecha que venció el pasado 14 de julio. Activistas ambientales y campesinos que se oponen a la construcción del canal celebraron el vencimiento del plazo y exigieron al Parlamento derogar la controvertida ley.
