POR FABIOLA SÁNCHEZ /AP
CARACAS
Un tribunal de Caracas otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni, considerada por la oposición una de las presas políticas más emblemáticas, después de la publicación de un informe de la ONU que documentó violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El juzgado acordó el “cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad” contra Afiuni, anunció en su cuenta de Twitter el Tribunal Supremo de Justicia. La abogada Sandy Guevara, una de las integrantes del equipo de defensa de Afiuni, dijo hoy a The Associated Press que con esta decisión la magistrada está en “libertad plena sin restricciones” y quedan sin efecto las medidas cautelares que tenía desde 2013 que la obligaban a presentarse cada dos meses en los tribunales y le prohibían salir del país, hacer declaraciones a la prensa y difundir mensajes en las redes sociales.
Guevara consideró la decisión un “tema realmente de justicia y no de favor” porque la jueza tenía más de cinco años presentándose en los tribunales periódicamente. Precisó que hasta el momento ni la jueza ni su equipo de defensa han recibido la notificación por escrito de la medida.
Afiuni conformaba la lista de más de seis centenares de presos políticos que existen en el país, según la organización humanitaria local Foro Penal. El Foro anunció que una veintena de manifestantes, que estaban detenidos en el estado central de Lara, fueron liberados esta semana.
El anuncio de la medida judicial coincidió con el informe sobre Venezuela que presentó ayer la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien durante una visita a Caracas el mes pasado solicitó al gobierno de Nicolás Maduro la libertad de todos detenidos por ejercer derechos civiles y políticos.
El gobierno venezolano ha negado que en el país existan presos por razones políticas y sostiene que los opositores han sido apresados por cometer delitos comunes.
Afiuni fue detenida en 2009 y cuatro años después recibió una medida de libertad condicional para que pudiera recibir atención por unos problemas de salud que padecía. En marzo un tribunal la condenó a cinco años de prisión por corrupción pero se esperaba que la sentencia no afectara la medida de libertad condicional que tenía desde junio de 2013.
La magistrada fue apresada por ordenar la libertad provisional del exbanquero Eligio Cedeño, que estuvo encarcelado por casi tres años a la espera de un juicio por un caso de entrega irregular de dólares a una empresa de computación. Horas después de la sentencia Cedeño huyó del país.
El caso de la jueza alcanzó notoriedad luego de que el entonces presidente Hugo Chávez dijo por televisión que había hablado de la decisión de Afiuni con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. «Habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. ¡30 años de prisión!», manifestó.
El proceso contra la jueza fue condenado por varias instancias internacionales, organizaciones de derechos humanos y el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, un célebre activista de izquierda que exigió su liberación.
