Michelle Bachelet, a la izquierda, Alta Comisionada de las Naciones Unidas es saludada por la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, a la derecha, y el presidente Nicolás Maduro. FOTO LA HORA/ARCHIVO/AP

MADRID/Europa Press

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar «medidas específicas» para «detener y remediar las graves vulneraciones» de los Derechos Humanos en Venezuela que ha documentado en un informe publicado hoy.

La Oficina de Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente desde 2016, «el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

«Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos», ha precisado.

En concreto, ha señalado la «paulatina militarización de las instituciones del Estado». En el período que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, «tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los períodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones».

Ha llamado la atención específicamente sobre las fuerzas especiales, el FAES, con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales «sorprendentemente elevada». Solo en 2018, el Gobierno registró 5 mil 287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos del FAES. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1 mil 569. Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», ha alertado.

Además, ha afirmado que «el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria», aunque ha apreciado que, si bien «Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (…) las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando los efectos».

En cuanto al derecho a la alimentación, el informe ha denunciado que «la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres».

«La situación sanitaria del país es grave», ha aseverado, indicando que «los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad». La Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019 reveló que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 se produjeron 1 mil 557 fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.

«LOS VENEZOLANOS MERECEN UNA VIDA MEJOR»

«Todos deberíamos estar de acuerdo en que los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, al agua, a la atención médica y a una vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas», ha dicho Bachelet.

La ex presidenta chilena se ha adelantado a las posibles críticas del Palacio de Miraflores recalcando que «este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los Derechos Humanos a los que todo venezolano tiene derecho».

«Exhorto a todas las personas con poder e influencia–tanto en Venezuela como en el resto del mundo– a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando», ha declarado.

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