Por DAISY NGUYEN y ELLIOT SPAGAT
SAN FRANCISCO
Agencia (AP)
El presidente estadounidense Donald Trump está apresurándose a gastar miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, recurriendo a fondos conseguidos bajo su declaración de emergencia nacional, pero primero tendrá que tener el visto bueno de los tribunales.
Un juez federal en Oakland, California, se aprestaba a escuchar argumentos hoy en dos demandas que buscan bloquear las gestiones de la Casa Blanca para gastar dinero de los departamentos de Defensa y el Tesoro en la construcción del muro.
Los gobiernos de California y otros 19 estados presentaron una demanda, y el grupo ambientalista Sierra Club y la Southern Border Communities Coalition, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, presentaron la otra.
Por otro lado, un juez federal en Washington analizaba hoy un intento de la Cámara de Representantes de impedir que Trump utilice fondos del Pentágono para el muro.
En juego están miles de millones de dólares que le permitirían a Trump conseguir avances en su promesa electoral cuando se acerca a la campaña para un segundo mandato presidencial de cuatro años.
Los adversarios del presidente dicen que la declaración de emergencia fue un intento ilegal de pasar por encima del Congreso, que había autorizado fondos para el muro, pero mucho menos de lo que quería Trump.
El presidente aceptó a regañadientes la aprobación en el Congreso de 1 mil 375 millones de dólares para poner fin a un cierre del gobierno federal por 35 días el 15 de febrero, pero declaró la emergencia nacional casi al mismo tiempo. La Casa Blanca dice que ha identificado 8 mil 100 millones de dólares que podrían ser gastados.
Las acciones de Trump «representan una usurpación de los poderes legislativos del Congreso en violación de los principios fundamentales de separación de poderes establecidos por la Constitución», escribieron los fiscales generales de los estados demandantes.
El gobierno de Trump argumenta que el presidente está protegiendo los intereses de seguridad nacional en momentos en que un número sin precedentes de familias centroamericanas llegan a la frontera con México en busca de asilo.
«El creciente número de migrantes, el mayor en más de una década, ha puesto una presión tremenda en los limitados recursos del Departamento de Seguridad Nacional y ha exacerbado los riesgos para la seguridad fronteriza, la seguridad pública y la seguridad de los propios migrantes», dijo el Departamento de Justicia en un documento ante la corte.
Las disputas legales se producen en medio de una oleada de actividades para acelerar la construcción del muro. El subsecretario de Defensa Kenneth Rapuano dijo el mes pasado en una declaración en los tribunales que el trabajo en los proyectos de mayor prioridad financiados por el Pentágono en Yuma, Arizona y en Nuevo México pudiera comenzar el 25 de mayo.
