MANAGUA
AP
Nicaragua informó ayer que puso bajo arresto domiciliario a un grupo de 50 presos que habían cometido delitos contra el orden público.
Un comunicado emitido por la delegación gubernamental que negociaba con la oposición hasta el miércoles indicó que el grupo fue excarcelado “por voluntad y compromiso propios” del gobierno. Señaló que los 50 excarcelados estaban detenidos “por contravenir el orden público y atentar contra la paz en Nicaragua” y que hasta ahora suman 200 las personas excarceladas de forma unilateral.
La acción tomó por sorpresa a la opositora Alianza Cívica y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), invitado por ambas partes para facilitar y acompañar el proceso de excarcelación de cientos de presos acordado por las partes.
“El CICR no está involucrado en la liberación de las 50 personas anunciada hoy por el gobierno nicaragüense”, dijo a The Associated Press Alberto Cabezas, oficial de Comunicación de la delegación regional del organismo en México.
Por su parte, la abogada Azahálea Solís, dirigente de la Alianza Cívica, declaró que el anuncio causó sorpresa debido a que apenas el jueves habían recibido del CICR una lista “conciliada” con la identidad de las personas consideradas “presos políticos”.
“No fuimos avisados. Habíamos quedado en implementar la salida de los presos conforme lo acordado con el gobierno y el CICR”, indicó. Agregó que lo ocurrido crea confusión pues “ahora tendremos que revisar nuevamente todas las listas” y advirtió que no todos salieron bajo arresto domiciliario. “Hay diferentes estatus y algunos hasta salieron sin papeles”.
Entre los beneficiados con el régimen de “convivencia familiar” figuran estudiantes, campesinos y profesionales que fueron arrestados por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega desde abril, según una lista divulgada previamente por el Ministerio de Gobernación.
La entidad no precisó si todos los excarcelados, que fueron entregados a sus familiares en Managua y otras ciudades, son personas consideradas “presos políticos” por la oposición.
“Estando aquí en mi casa yo me siento libre. Me siento feliz de estar con mi mamá, con mi papá, toda mi familia, todos los que me conocen”, dijo Franklin Rodrigo Artola García, un estudiante liberado, a la AP. “Voy a seguir con la lucha porque Nicaragua tiene que ser libre y tiene que ser cien por ciento pura, cero repremientos (represiones), cero corrupción, cero asesinos”, agregó.
La excarcelación se produce dos días después de haber concluido la negociación entre el gobierno y la oposición, en la que el presidente se comprometió a otorgar la “libertad definitiva” y la anulación de los juicios a todos los detenidos desde hace casi un año.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez la excarcelación se realizó bajo total sigilo.
El mismo viernes, Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteró desde Washington “la necesidad de contar con un estado completo de las personas detenidas, que sea debidamente cotejado y acordado por todas las partes”. Agregó que el 18 de marzo la Comisión entregó a la secretaría general de la OEA un listado de 647 personas que permanecían privadas de libertad a esa fecha por las protestas.
“La Comisión considera que el proceso de liberación debe ser ordenado, expedito, transparente, y otorgando certeza sobre la situación jurídica de los liberados”, afirmó.
Por su parte, la Policía de Nicaragua emitió un comunicado advirtiendo que no autorizará una marcha convocada para la tarde de este sábado por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), coalición a la que pertenece la Alianza Cívica.
Si bien el informe reconoció que la Constitución establece el derecho a la manifestación y movilización pública, argumentó que la UNAB «no tiene legitimidad para realizar concentraciones» y que estuvo «involucrada en graves alteraciones al orden» en semanas anteriores.
La UNAB no ha informado si suspenderá la protesta, que convocó amparada en los acuerdos del diálogo, en los que el gobierno se comprometió a restaurar la libertad de prensa, expresión y movilización en todo el país.
