La opositora Alianza Cívica de Nicaragua dijo ayer que no volverá a las negociaciones con el gobierno del presidente Daniel Ortega hasta que éste realice gestos de buena voluntad como la liberación de presos.
La coalición formada por grupos estudiantiles, empresariales y cívicos anunció en un comunicado que exigía “la libertad de presos políticos, y el cese de la represión, de los secuestros”.
La alianza no detalló si sus exigencias eran por la liberación de algunas o todas de las cerca de 770 personas encarceladas por el gobierno sandinista después de las protestas en su contra que comenzaron en abril pasado. Desde que empezó la ronda más reciente de negociaciones a finales de febrero, el gobierno ha liberado, de manera condicional, a unos 112 individuos.
La oposición también indicó que quiere que se ponga fin al acoso de las familias de los manifestantes y “la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes” de los reclusos.
El gobierno no respondió de inmediato al comunicado. En ocasiones anteriores han rechazado exigencias de anticipar las elecciones de 2021.
El texto fue difundido un día después de que el gobierno anunciara su propia agenda para las negociaciones, en las que se intenta resolver un enfrentamiento político de casi un año de antigüedad.
En un comunicado, el Ministerio del Exterior detalló distintos puntos, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones electorales, que se haga justicia y se reparen los daños, y negociaciones sobre la suspensión de las sanciones internacionales.
Señaló que el gobierno está comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional, y destacó que la fecha de la siguiente elección general está fijada para 2021.
Durante las protestas del año pasado, los opositores de Ortega exigieron su salida del gobierno y la realización de una elección anticipada e imparcial. El gobierno arremetió contra las manifestaciones, y al menos 35 personas murieron durante la revuelta, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De las 770 personas consideradas como presos políticos por la oposición, el gobierno indicó el sábado que consideraría la liberación tanto de aquellos a la espera de un juicio como de los que ya fueron declarados culpables, pero añadió que revisaría los expedientes.
